Lo que Países Bajos puede enseñar a México sobre resiliencia territorial


Una licencia de construcción puede comprometer décadas de seguridad territorial. La experiencia de Países Bajos plantea una lección para México: reducir el riesgo exige que el agua, el suelo y el presupuesto formen parte de una misma decisión de gobierno.
Reconstruir una carretera sin corregir aquello que la hizo vulnerable puede preparar el siguiente desastre. Algo semejante ocurre cuando se amplía el drenaje mientras se autorizan urbanizaciones que reducen la infiltración. México necesita incorporar la resiliencia territorial a sus decisiones de crecimiento: dónde construir, qué conservar y cómo financiar la protección durante varias administraciones. Para un alcalde, eso puede significar enfrentar una presión inmobiliaria presente para evitar daños que aparecerán después de su mandato.
La dimensión económica está documentada. El Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030, con datos del Cenapred, recoge que en 2024 los desastres ocasionaron 14,434 millones de pesos en daños y pérdidas; los fenómenos hidrometeorológicos concentraron el 83.6 % de las pérdidas reportadas. Estas cifras dimensionan las afectaciones registradas, pero no permiten calcular qué proporción habría podido evitarse con mejores políticas. Sí justifican discutir la prevención en desarrollo urbano y tesorería: cuando se interrumpen servicios y negocios, la emergencia también compromete ingresos familiares y recursos públicos.
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Dar espacio al agua exige decidir sobre el suelo
La experiencia neerlandesa permite observar cómo la gestión del agua puede ordenar una política territorial. Según Rijkswaterstaat, la autoridad nacional de infraestructura y gestión del agua, el programa Room for the River, desarrollado entre 2006 y 2019, intervino 34 ubicaciones para ampliar el espacio disponible para los ríos. Entre sus medidas estuvieron desplazar diques tierra adentro, abrir canales secundarios y modificar terrenos inundables. La seguridad se trabajó junto con la calidad del entorno y la participación de los habitantes.
Reservar ese espacio tiene costos y adversarios. Puede limitar aprovechamientos inmobiliarios, modificar actividades productivas y requerir el traslado de viviendas y empresas, como reconoce la propia autoridad neerlandesa. Para México, aprender de esta experiencia exige incorporar negociación, compensaciones y alternativas habitacionales cuando correspondan. Una intervención pierde legitimidad si protege las zonas de mayor valor trasladando sus costos hacia comunidades con menos recursos para defender su patrimonio.
“Cada permiso de suelo también distribuye el riesgo del próximo desastre.”
Existe una base normativa mexicana para actuar. El artículo 66 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano exige, para proyectos ubicados en zonas de alto riesgo conforme a los instrumentos aplicables, solicitar estudios de prevención que identifiquen la realización de medidas de mitigación adecuadas antes de otorgar autorizaciones urbanísticas. El reto municipal es conectar esa obligación con los permisos y las inspecciones, de manera que el conocimiento del peligro tenga consecuencias verificables sobre lo que se construye.

La continuidad necesita dinero y acuerdos
La segunda enseñanza está en sostener responsabilidades compartidas. El Programa Delta neerlandés reúne al gobierno nacional, provincias, municipios, autoridades del agua y otros actores para trabajar en protección frente a inundaciones, disponibilidad de agua dulce y adaptación territorial. Su horizonte de 2050 vincula las intervenciones presentes con necesidades futuras. Esa continuidad resulta pertinente para México: una obra aguas arriba puede modificar las condiciones de seguridad de comunidades situadas en otro municipio.
El sistema también enfrenta restricciones financieras. Al presentar el Programa Delta 2027, en septiembre de 2026, las autoridades advirtieron una brecha estimada de aproximadamente 12,000 millones de euros hasta 2050, frente a necesidades cercanas a 40,000 millones. Es una diferencia entre recursos previstos y necesidades estimadas para ese horizonte; no corresponde a un déficit anual. Hacerla pública permite discutir prioridades, capacidad de ejecución y consecuencias de aplazar inversiones.
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Adaptar la lección a los municipios mexicanos
México tiene una escala territorial, una diversidad de amenazas y una distribución de competencias y recursos distintas. La comparación es útil para adoptar principios y evaluar soluciones según cada cuenca y ciudad. La gestión del agua ofrece una entrada concreta a una agenda más amplia: proteger vivienda, infraestructura, servicios y actividad económica ante perturbaciones que pueden encadenarse.

Un ayuntamiento puede comenzar por identificar sus instalaciones esenciales y evaluar cómo seguirían funcionando ante una inundación, una sequía o una interrupción eléctrica. Después debe acordar con estados, Federación y municipios vecinos las intervenciones que rebasan sus atribuciones. Cada proyecto prioritario necesita un responsable, mantenimiento previsto y financiamiento identificado. Sin esos elementos, una obra inaugurada puede perder capacidad de protección antes de que termine su vida útil.
La evaluación también debe cambiar. Publicar población expuesta, instalaciones protegidas y tiempos de recuperación de servicios ayudaría a ciudadanos y empresas a examinar resultados. Conservar un terreno que permite almacenar agua o financiar mantenimiento puede generar menos reconocimiento inmediato que inaugurar infraestructura, pero ambas decisiones pueden sostener la seguridad y la economía local.
“La prevención que un gobierno aplaza puede convertirse en el patrimonio que una familia pierde.”
La lección neerlandesa obliga a mirar el costo de las autorizaciones y las omisiones más allá del calendario político. ¿Qué permiso o inversión debería cambiar hoy en su municipio para evitar que la siguiente generación herede un riesgo mayor?
Escrito por: Editorial
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Fuentes
Gobierno de México: Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030.
Rijkswaterstaat: Room for the River: intervenciones, gestión del suelo y participación territorial.
Cámara de Diputados: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, artículo 66.
Programa Delta: Objetivos y organización del programa nacional neerlandés.
Programa Delta, 15 de septiembre de 2026: Presentación del Programa Delta 2027 y brecha de financiamiento hasta 2050.





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