Mérida. Crecimiento económico con visión de largo plazo
El crecimiento económico de Mérida necesita algo más duradero que una buena temporada de inversión: instituciones que funcionen entre administraciones. Su fortaleza productiva y la continuidad de herramientas para emprender ofrecen una base concreta. El desafío es convertir esa capacidad en una ciudad que conserve oportunidades, servicios y calidad de vida mientras crece.
Una capital cuyo desempeño importa a todo Yucatán
Mérida tiene un peso económico que vuelve regionales muchas de sus decisiones locales. Los Censos Económicos 2024 del INEGI, con información económica de 2023, muestran que el municipio concentró el 63.8% del valor agregado censal bruto de Yucatán, el 55.8% del personal ocupado y el 38.4% de las unidades económicas del sector privado y empresas paraestatales. Son indicadores de centralidad productiva, distintos del PIB municipal.
Esa fortaleza forma parte de una economía estatal en expansión. Entre 2018 y 2023, las unidades económicas de ese sector en Yucatán pasaron de 112,503 a 130,438, con un crecimiento medio anual de 3%; el personal ocupado aumentó de 516,924 a 574,909 personas. La trayectoria estatal no sustituye una medición municipal, pero permite dimensionar el entorno en el que opera su principal centro económico. Para Mérida, sostener ese papel exige que la capacidad de gobierno acompañe la actividad empresarial.
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Veinte años de una herramienta que merece continuidad
Hay una experiencia municipal que ayuda a aterrizar esa visión. En marzo de 2025, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas de Mérida cumplió veinte años. Según el balance publicado entonces por el Ayuntamiento, durante ese periodo recibió más de 3,500 solicitudes y facilitó la apertura de más de 2,600 empresas, a las que atribuyó la generación de más de 6,700 empleos. Son resultados acumulados reportados por la autoridad, no cifras anuales ni una medición de supervivencia empresarial.
El mecanismo permite tramitar licencias de uso de suelo y funcionamiento municipal en tres días hábiles para negocios elegibles de bajo impacto y superficie no mayor a 100 metros cuadrados. Entre los giros señalados por el Ayuntamiento aparecen expendios de alimentos, consultorios, papelerías y tiendas de abarrotes. Su relevancia está en conectar la política económica con decisiones cotidianas: rentar un local, equiparlo y comenzar a operar con autorizaciones claras. La continuidad de una herramienta durante dos décadas ofrece una lección para los alcaldes mexicanos: conservar y mejorar capacidades útiles también es gobernar.
“La inversión de largo plazo necesita gobiernos que reduzcan la incertidumbre todos los días.”
El siguiente paso es publicar su desempeño efectivo: tiempos de resolución, motivos de rechazo y permanencia de los negocios atendidos. Esa información permitiría ampliar lo que funciona y corregir sus límites.
El crecimiento también se decide en el suelo
La misma lógica debe aplicarse al territorio. El 22 de agosto de 2026, el Cabildo ratificó el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Al 13 de noviembre, el portal del IMPLAN todavía señalaba que su entrada en vigor estaba sujeta al cumplimiento de formalidades y a la publicación del aviso correspondiente. El avance institucional es relevante; convertirlo en reglas aplicables y comprensibles será la prueba decisiva.
Para quien proyecta una vivienda o prepara una expansión empresarial, conocer las reglas vigentes evita comprometer recursos sobre supuestos. Para el municipio, ordenar dónde y cómo se construye permite anticipar infraestructura y mantenimiento. Cada nueva zona urbanizada incorpora obligaciones que permanecen mucho después de la autorización inicial: calles, alumbrado, recolección y espacios públicos requieren recursos durante años.
Por eso, una política económica municipal debe evaluar el costo futuro de las decisiones presentes. Aprovechar infraestructura existente, acercar vivienda y empleo y coordinar servicios con autoridades vecinas puede reducir cargas para hogares, empresas y presupuestos públicos. En una economía cotidiana que cruza límites municipales, la coordinación necesita acuerdos con responsables, financiamiento y seguimiento.
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Una ciudad atractiva debe seguir siendo habitable
El beneficio del crecimiento se comprueba también fuera de las oficinas de inversión. Un negocio puede abrir con rapidez y enfrentar dificultades para contratar si sus trabajadores viven lejos o gastan demasiado en trasladarse. Una nueva urbanización puede atraer compradores y dejar compromisos de servicio insuficientemente financiados. Estos riesgos deben entrar en la evaluación de proyectos antes de convertirse en problemas cotidianos.
Mérida necesita vincular su dinamismo con oportunidades para proveedores, trabajadores y emprendedores de barrios y comisarías. Desde sus atribuciones, el Ayuntamiento puede facilitar capacitación, vinculación empresarial y compras públicas transparentes; las empresas pueden desarrollar proveedores y formar personal.
“El éxito de una ciudad se sostiene cuando crecer también mejora la vida de quienes la hacen funcionar.”
La competitividad gana profundidad cuando más habitantes pueden participar en ella.
La siguiente administración también cuenta
Mérida aporta un caso útil a la conversación sobre municipios que funcionan: una fuerte base económica y una herramienta de simplificación con continuidad y resultados reportados. Reconocer esas capacidades exige también evaluar sus pendientes. El largo plazo se construye al mantener servicios útiles, hacer comprensibles las reglas y financiar las obligaciones que deja cada decisión territorial.
La responsabilidad compartida es convertir esas prácticas en compromisos que puedan exigirse a cualquier administración. ¿Qué acuerdo verificable deberían construir autoridades, empresarios y ciudadanía para que el crecimiento de Mérida siga ampliando oportunidades sin deteriorar los servicios y la calidad de vida de sus habitantes?
Escrito por: Editorial
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