Lo que los municipios mexicanos pueden aprender de líderes latinos en EE.UU.
El 3 de noviembre, San Antonio volverá a votar sobre el impuesto que sostiene una apuesta educativa iniciada bajo el liderazgo de Julián Castro. Esa decisión plantea una pregunta para México: ¿qué prioridades municipales cuentan con recursos, seguimiento público y apoyo suficiente para perdurar?
El origen latino de un alcalde no garantiza mejores políticas públicas. Lo que sí puede estudiarse es cómo convierte una necesidad en una decisión compartida, consigue recursos y permite que la ciudadanía examine sus avances. San Antonio y Tucson ofrecen experiencias distintas, pero dejan una exigencia común para los gobiernos municipales mexicanos: una prioridad anunciada debe poder reconocerse después en el presupuesto, en la operación y en la vida cotidiana.
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San Antonio, una prioridad vuelve a las urnas
En 2011, el entonces alcalde de San Antonio, Julián Castro, reunió a empresarios, autoridades educativas y especialistas para identificar una intervención capaz de mejorar la educación inicial. De ese trabajo surgió Pre-K 4 SA. En 2012, los votantes aprobaron, con 53.49 % de los sufragios, un impuesto sobre las ventas de un octavo de centavo por dólar para financiar el programa. Sus primeros centros abrieron en 2013, según la cronología oficial de Pre-K 4 SA.
La ciudadanía renovó ese financiamiento en 2020. Ahora, San Antonio ha convocado otra votación para el 3 de noviembre de 2026, esta vez sobre una autorización por veinte años. El resultado sigue pendiente. Ese momento devuelve el programa al terreno donde nació: los habitantes deberán decidir si mantienen una inversión pública y por cuánto tiempo. El informe de 2025 de Pre-K 4 SA documenta su operación y sus alianzas; corresponde a los votantes valorar esa trayectoria y la propuesta futura.
“Una prioridad resiste cuando el gobierno puede explicar cuánto cuesta, a quién sirve y qué ha logrado.”
Un ayuntamiento mexicano no tiene las mismas facultades tributarias que San Antonio y no puede atribuirse por sí solo las competencias educativas de otros órdenes de gobierno. La enseñanza está en el método político: definir un problema preciso, construir acuerdos con quienes pueden intervenir, identificar recursos legales y mostrar resultados verificables. Cuando el financiamiento se discute a la vista de todos, también queda expuesto el costo de prometer sin sostener.
Tucson, informar avances sin declararse vencedor
Regina Romero, primera mujer y primera alcaldesa latina de Tucson, ha colocado la respuesta al calor y al cambio climático entre las prioridades de la ciudad. En su balance de 2025, el gobierno municipal informó que 85 % de las acciones de su plan Tucson Resilient Together estaban terminadas, en curso o en proceso, frente a 76 % en 2024. La cifra muestra actividad institucional, aunque reúne etapas distintas y no demuestra, por sí sola, que el riesgo climático haya disminuido.
El mismo balance registra 1,021 paquetes de apoyo ante el calor distribuidos y 4,930 visitas a centros de enfriamiento durante la temporada de 2025. Son medidas que permiten hacer preguntas más útiles que celebrar un porcentaje: ¿en qué zonas se concentró la atención?, ¿a quiénes alcanzó?, ¿qué necesidades permanecen? Para una ciudad mexicana donde el calor afecta el trabajo al aire libre, el comercio y el uso del espacio público, responderlas puede cambiar la distribución de recursos antes de la siguiente temporada.
“El avance que se publica también obliga a reconocer lo que sigue pendiente.”
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Tucson ofrece una forma de dar seguimiento que cada municipio tendría que adaptar a sus riesgos y capacidades: identificar las colonias más expuestas, asignar responsables, registrar las acciones y actualizar el diagnóstico. Una lista de actividades puede demostrar trabajo; para saber si protegió mejor a la población hacen falta resultados y evaluación. Esa distinción evita que la comunicación del gobierno ocupe el lugar de la gestión.
México, la credibilidad empieza en lo que se puede comprobar
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI encontró que las personas usuarias enfrentaron algún problema en 39.1 % de los trámites realizados personalmente. La encuesta comprende interacciones con distintos niveles de gobierno y representa a personas adultas en ciudades de 100 mil habitantes o más: no es una calificación exclusiva de los ayuntamientos. Sí retrata una consecuencia reconocible para familias y negocios: tiempo perdido cuando los requisitos no son claros, la atención falla o una gestión exige volver.
Ahí puede empezar una agenda municipal que resista el examen público. Para simplificar un trámite, el ayuntamiento puede publicar requisitos completos, medir cuántas visitas necesita una persona y corregir las causas de rechazo. Para proteger a la población ante el calor, puede señalar las zonas prioritarias, coordinarse con otras autoridades y reportar a quién llegó la atención. Son decisiones de escala distinta a las de San Antonio o Tucson, pero exigen la misma disciplina: responsables identificables, recursos y evidencia para corregir.
Los ejemplos estadounidenses no prometen resultados automáticos en México. Muestran que el liderazgo local adquiere peso cuando una política puede discutirse antes de aprobarse, seguirse mientras opera y evaluarse cuando pide continuidad. Si mañana su municipio tuviera que defender una sola prioridad ante sus habitantes, ¿podría mostrar con claridad qué financió, a quién atendió y qué cambió?
Escrito por: Editorial
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