Las remesas que podrían financiar proyectos hídricos en municipios migrantes
- Editorial
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Mientras miles de millones de dólares llegan a México mediante remesas, muchos municipios migrantes siguen enfrentando rezagos hídricos. El desafío es convertir parte de ese vínculo económico, de forma voluntaria y transparente, en inversión para agua, saneamiento e infraestructura local.
Un flujo económico que ya transforma territorios
Las remesas suelen analizarse como ingreso familiar: financian alimentación, vivienda, educación, salud, pequeños negocios y construcción. Esa función debe protegerse. Sin embargo, alrededor de esos recursos existe otro capital menos visible: la capacidad de organización de clubes de migrantes, asociaciones comunitarias y redes binacionales que mantienen una relación económica permanente con sus lugares de origen.
México recibió 62,472 millones de dólares en remesas durante 2025. Entre enero y junio de 2026 ingresaron otros 30,759 millones de dólares, 3.08% más que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con Banco de México.
La concentración territorial revela por qué esta conversación debe comenzar en los municipios. Durante el primer semestre de 2026, Guanajuato recibió alrededor de 2,705 millones de dólares y encabezó la recepción nacional; Michoacán y Jalisco estuvieron también entre las principales entidades receptoras, mientras Zacatecas acumuló 957 millones.
Son territorios donde miles de personas viven físicamente en Estados Unidos, pero continúan participando en la economía de su comunidad de origen: envían dinero, construyen vivienda, mantienen propiedades, financian pequeños negocios y sostienen redes familiares. Esa relación convierte a la diáspora en algo más que una fuente de remesas.
También puede convertirla en un actor de desarrollo territorial.
"El Estado 33 no solamente envía dinero a México: también podría participar en la construcción de la infraestructura que determinará el futuro de sus comunidades."
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No se trata de utilizar las remesas familiares
La discusión requiere una precisión fundamental.
Nadie debería esperar que una familia destine el dinero necesario para alimentación, medicamentos o educación a construir una planta de tratamiento. Las remesas son recursos privados y pertenecen a quienes las envían y reciben.
La oportunidad está en otro nivel: la inversión colectiva y voluntaria de organizaciones migrantes.
Un municipio podría identificar un proyecto hídrico específico, desarrollar su expediente técnico y establecer un mecanismo transparente de financiamiento. Una asociación de migrantes aportaría voluntariamente una parte; el municipio y el gobierno estatal podrían complementar los recursos; posteriormente podrían incorporarse programas federales u otras fuentes de financiamiento.
México ya ha experimentado esta lógica.
El antiguo Programa 3x1 para Migrantes permitió que organizaciones de mexicanos en el extranjero participaran junto con los gobiernos federal, estatal y municipal en proyectos de desarrollo comunitario. Entre las obras susceptibles de financiamiento se encontraban redes de agua, saneamiento y potabilización, drenaje y alcantarillado.
No se trata necesariamente de recuperar aquel programa bajo las mismas reglas, sino de recuperar su principio económico: usar capital comunitario como palanca para multiplicar inversión pública.
Del dólar enviado al proyecto ejecutado
Para que esta idea funcione, el modelo tendría que ser simple y verificable:
Proyecto técnicamente validado → vehículo financiero transparente → aportación voluntaria migrante → coinversión gubernamental → ejecución → tablero público de resultados.
La infraestructura hídrica ofrece una ventaja importante para este tipo de esquemas: los resultados pueden medirse.
Una red rehabilitada puede informar kilómetros intervenidos. Un proyecto de captación puede reportar capacidad instalada. Una planta de tratamiento puede medir diariamente el volumen de agua procesada.
Los migrantes podrían saber cuánto cuesta el proyecto, cuánto aporta cada participante, quién ejecuta la obra, cuáles son sus avances y qué resultados produjo.
Esto transforma una aportación comunitaria en algo muy diferente a una donación: la convierte en inversión territorial con trazabilidad.
El agua también protege patrimonio y economía
Resolver problemas hídricos no sólo significa mejorar un servicio público.
Una comunidad con agua suficiente y saneamiento adecuado protege el valor de las viviendas, permite operar pequeños comercios, sostiene actividades agrícolas, mejora las condiciones para el turismo y reduce costos para empresas y familias.
Cuando la infraestructura hidráulica comienza a fallar, también disminuye la capacidad de crecimiento de un territorio.
Por eso una inversión de la diáspora en agua tendría una particularidad: muchos migrantes estarían ayudando indirectamente a proteger activos que también les pertenecen.
Casas construidas durante años con remesas, terrenos familiares, pequeños negocios y propiedades heredadas dependen de que el municipio conserve servicios públicos capaces de sostener su valor.
La inversión hídrica puede convertirse, por tanto, en una forma de proteger patrimonio transnacional.
Ya existen instrumentos públicos sobre los cuales construir
México tampoco tendría que comenzar desde cero.
El Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, PROAGUA 2026, otorga subsidios para infraestructura y equipamiento de agua y saneamiento, estudios, proyectos y sistemas no convencionales. Las solicitudes pueden ser presentadas por gobiernos estatales y municipales, organismos operadores y organizaciones comunitarias de agua y saneamiento.
Las reglas del programa también exigen elementos fundamentales para cualquier esquema serio de infraestructura, entre ellos proyectos ejecutivos, presupuestos, contraparte financiera y documentación técnica.
Ahí existe una posibilidad interesante: conectar la capacidad técnica e institucional de los programas públicos con la capacidad económica y organizativa de las comunidades migrantes.
La diáspora no tendría que financiar sola una obra. Podría ayudar a que una obra ocurriera.
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La confianza tendría que construirse primero
El mayor obstáculo no es financiero. Es institucional.
Una organización de migrantes difícilmente depositará recursos importantes en un proyecto municipal si no conoce exactamente cómo serán administrados.
El modelo requeriría proyectos ejecutivos previamente validados, cuentas independientes, presupuestos públicos, supervisión técnica, auditorías, evidencia de avances y mecanismos digitales mediante los cuales las comunidades en Estados Unidos puedan consultar el destino de cada aportación.
La participación migrante también debería formar parte de la gobernanza del proyecto.
Quien aporta capital debe tener capacidad para conocer avances, modificaciones presupuestales, retrasos y resultados.
"Las remesas pueden financiar infraestructura; la confianza es la infraestructura que debe construirse primero."
Un municipio capaz de establecer esa relación estaría construyendo mucho más que una red de agua.
Estaría creando una nueva arquitectura de colaboración con ciudadanos que viven fuera de su territorio, pero continúan vinculados económica, familiar y patrimonialmente con él.
De receptores de remesas a comunidades binacionales de inversión
Durante décadas México ha observado las remesas principalmente como un indicador económico.
Quizá sea momento de comenzar a observar también la red que existe detrás de ellas.
Municipios de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y otras regiones de alta migración podrían construir pequeñas carteras de proyectos hídricos y presentarlas a organizaciones de sus comunidades en California, Texas, Illinois, Arizona o Nevada.
No como peticiones de ayuda.
Como proyectos de desarrollo territorial con reglas de coinversión, supervisión y resultados.
El Estado 33 puede representar mucho más que mexicanos enviando recursos desde Estados Unidos. Puede convertirse en una extensa red binacional de conocimiento, capital y organización conectada permanentemente con los municipios de origen.
Las remesas seguirán perteneciendo a las familias que las reciben. Pero alrededor de ellas existe una capacidad económica colectiva que México todavía utiliza de manera limitada.
¿Qué cambiaría en los municipios migrantes si parte de esa relación económica con sus comunidades en Estados Unidos pudiera transformarse, voluntariamente y con absoluta transparencia, en agua, saneamiento e infraestructura para las próximas generaciones?
Escrito por: Editorial
Fuentes
Banco de México — Remesas, Sistema de Información Económica.Datos nacionales de remesas, incluyendo cifras anuales de 2025 y acumuladas enero-junio de 2026.Consultar Banco de México
Banco de México — Distribución de remesas por entidad federativa.Información territorial sobre recepción de remesas.Consultar Banco de México
BBVA Research — México: a junio, las remesas acumulan cinco meses de crecimiento.Análisis de las remesas recibidas durante el primer semestre de 2026.Consultar BBVA Research
Secretaría de Bienestar — Programa 3x1 para Migrantes.Antecedente de coinversión entre organizaciones migrantes y los tres órdenes de gobierno.Consultar Secretaría de Bienestar
Diario Oficial de la Federación — Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes.Antecedentes normativos sobre infraestructura social y coinversión.Consultar DOF
Conagua — Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, PROAGUA 2026.Consultar PROAGUA
Conagua — Programas federales de agua potable, alcantarillado y saneamiento.Consultar Conagua
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