Frontera 2026. Cuando la política migratoria decide quién trabaja… y quién gana
- Editorial
- hace 27 minutos
- 4 Min. de lectura
En 2026, la frontera México–Estados Unidos dejó de ser solo un termómetro humanitario para convertirse, otra vez, en un tablero de control económico. No es una exageración: cada ajuste a la admisión, a los procesos de asilo, a la deportación o a los canales de entrada legal tiene un efecto inmediato sobre la disponibilidad de mano de obra, los costos operativos y la competitividad de las industrias que sostienen la región fronteriza. Y cuando la mano de obra se mueve —o se inmoviliza— se mueven también las cadenas de suministro que conectan a México con sus socios comerciales en América, Europa y África.
El dato que marca el cierre de 2025 y el arranque de 2026 es contundente: los encuentros en la frontera cayeron a niveles históricamente bajos en el año fiscal 2025, con 237,538 encuentros registrados por la Patrulla Fronteriza, una caída drástica frente a los más de 1.5 millones del año fiscal 2024. Esa reducción no significa que “la migración desapareció”, sino que el sistema se volvió más restrictivo, más selectivo o más riesgoso para quien intenta cruzar. Y esa realidad reconfigura el mercado laboral, desde Tijuana–San Diego hasta Ciudad Juárez–El Paso.
En paralelo, otro indicador laboral-social acusó el golpe: en 2025 las remesas a México bajaron 4.56% y cerraron en 61,791 millones de dólares, su caída anual más pronunciada desde 2009. En una economía donde la frontera y la migración son también un “puente de ingresos”, la caída de remesas no es un dato sentimental: es señal de debilitamiento del empleo migrante, de mayor miedo a la deportación o de menor movilidad laboral. Dicho sin rodeos: menos estabilidad migratoria suele significar menos estabilidad de consumo en municipios que dependen de esos flujos, y eso termina afectando comercio, vivienda, servicios y microempresas.
El vínculo con las industrias clave de la frontera es directo. Manufactura de exportación, logística, transporte, agroindustria y servicios dependen de un equilibrio frágil: demanda intensa de mano de obra y una dinámica transfronteriza que permita reclutar, capacitar y retener personal. Cuando las políticas migratorias endurecen tiempos, suben detenciones o aceleran expulsiones, las empresas enfrentan rotación más alta, ausentismo por temor, y costos de cumplimiento mayores. Cuando, en cambio, se habilitan rutas legales claras, los sectores pueden formalizar empleo, invertir en habilidades y aumentar productividad sin operar “en modo emergencia”.
Aquí aparece el componente tecnológico, que en 2026 ya no es accesorio: es respuesta defensiva. En la frontera, la automatización en almacenes, aduanas internas, patios de maniobras y procesos de inspección gana terreno no solo por eficiencia, sino por incertidumbre laboral. Si el flujo de trabajadores se vuelve impredecible, la inversión se desplaza hacia sistemas que reduzcan dependencia de turnos críticos. Esto impacta a México y a sus socios: América del Norte por el “nearshoring” y la integración industrial; Europa por su demanda de componentes, autopartes, electrónicos y dispositivos médicos; y África por su rol creciente en minerales críticos y rutas logísticas que conectan manufactura global con puertos y cadenas de suministro.
Los acontecimientos más recientes de 2026 refuerzan la lectura económica. El fin del uso de CBP One como mecanismo central de acceso para solicitantes de asilo, por ejemplo, modifica la presión en puertos de entrada y cambia el patrón de espera, empleo informal y servicios alrededor de ciudades fronterizas. Y cuando se ajustan procesos de apelación o aceleración de deportaciones, el mensaje al mercado laboral es inmediato: aumenta el riesgo percibido del trabajador migrante y, con ello, la probabilidad de “salirse del radar”, justo lo contrario a lo que necesita una frontera moderna que presume competitividad.
El reto de 2026, entonces, no es elegir entre “seguridad” y “economía”, sino reconocer que una frontera económicamente fuerte requiere gobernanza migratoria funcional. México tiene una ventana estratégica: si el país quiere capitalizar el reacomodo industrial y convertir la frontera en el gran motor de empleo formal de la región, necesita coordinación binacional y, también, municipal. Los gobiernos locales pueden ser actores de primer orden en tres frentes: (1) infraestructura de movilidad laboral y vivienda para reducir rotación, (2) capacitación acelerada en logística avanzada, manufactura digital y mantenimiento industrial, y (3) esquemas de formalización con verificación y protección laboral que eviten que la incertidumbre migratoria “empuje” a los trabajadores hacia mercados informales.
El potencial de 2026 se jugará en la capacidad de convertir la migración en una variable administrable, no en un shock permanente. Con una economía mexicana que viene de crecer débilmente en 2025, el margen para perder dinamismo fronterizo es mínimo. Si las políticas migratorias siguen operando como interruptor —hoy cierro, mañana aprieto, pasado improviso— la frontera seguirá siendo competitiva… pero a un costo social y operativo cada vez más alto. Si, en cambio, se construyen reglas estables, canales legales y cooperación tecnológica para ordenar flujos y empleo, la frontera puede ser lo que siempre prometió: la fábrica, el laboratorio logístico y el corredor de prosperidad que conecta a México con América, Europa y África.
Escrito por: Editorial
Comentarios