Descentralizar o colapsar. Lo que Alemania, Japón y Sudáfrica ya aprendieron
- Salvador Ordóñez Toledo
- hace 7 minutos
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En 2026, la descentralización dejó de ser un debate “administrativo” y se convirtió en una prueba de supervivencia económica. La nueva competencia global —nearshoring, transición energética, cadenas de suministro más cortas y reglas más exigentes— se gana o se pierde en territorio: agua, energía, permisos, seguridad y talento. Y esos cinco factores viven, en buena medida, en estados y municipios. La pregunta incómoda no es si descentralizar, sino si hacerlo de forma efectiva: con dinero suficiente, capacidades técnicas y reglas claras para rendir cuentas.
El cierre de 2025 dio pistas duras sobre el tamaño del reto. En países de la OCDE, los gobiernos subnacionales se han consolidado como los grandes ejecutores de inversión pública: en promedio, aportan alrededor de 57% de la inversión pública total (dato 2023), lo que confirma que el “Estado constructor” es, cada vez más, un Estado local. Esto es importante para México porque 2026 combina tres presiones simultáneas: la revisión del USMCA, la competencia logística regional y una política fiscal más estricta; por ejemplo, análisis del Paquete Económico 2026 subrayan la continuidad de la consolidación fiscal y metas de superávit primario cercanas a 0.5% del PIB, lo que reduce el margen para improvisar y vuelve indispensable gastar mejor.
La primera lección viene del federalismo alemán: descentralizar no significa fragmentar, sino coordinar con incentivos. Un rasgo distintivo es su arquitectura de financiamiento local: los municipios dependen de una mezcla de impuestos compartidos, ingresos propios y mecanismos de igualación fiscal que buscan reducir disparidades sin destruir la competencia por desempeño. Estudios y reportes institucionales destacan que la igualación y los arreglos fiscales son parte central para sostener servicios municipales con costos relativamente contenidos y reglas estables. El aprendizaje para México es directo: si la infraestructura que exige el nearshoring se decide en la práctica en ciudades y zonas metropolitanas, entonces la planeación territorial debe venir acompañada de instrumentos financieros replicables, de lo contrario el “boom” se vuelve cuello de botella urbano.
La segunda lección proviene de Japón: descentralización sin autonomía real de ingresos es una descentralización a medias. Japón combina un alto nivel de gasto subnacional con un sistema robusto de transferencias y ecualización para sostener estándares mínimos, especialmente en municipios con menor base fiscal. La evidencia comparada muestra que su gasto subnacional es elevado frente al promedio de países unitarios, lo que refuerza la idea de que la descentralización funcional exige una ingeniería fiscal que garantice continuidad en servicios y, al mismo tiempo, visibilidad del costo para el contribuyente. En 2026, esta lección se cruza con tecnología: la digitalización gubernamental no es “modernización estética”, es capacidad de ejecución. Ventanillas únicas, interoperabilidad de datos y compras públicas digitales son la diferencia entre captar inversión o verla migrar a la siguiente región.
La tercera lección, más incómoda pero crucial, la ofrece Sudáfrica: descentralizar sin capacidad y sin controles produce desigualdad y crisis de confianza. Ahí, la arquitectura municipal está reconocida constitucionalmente, pero los resultados dependen de administración financiera y habilidades técnicas. Los reportes de auditoría pública han insistido en que la gobernanza municipal se juega en disciplina, liderazgo y cumplimiento, y aun así hay señales mixtas: se reportó un aumento de auditorías “limpias” de 34 a 41 y cerca de 55% de municipios con resultados no calificados o limpios, administrando alrededor de 66% del presupuesto local total, pero con municipios que siguen rezagados. Para México, el paralelismo es evidente: transferir responsabilidades sin profesionalización, sin carrera técnica y sin auditoría efectiva crea “descentralización de problemas”, no de soluciones.
¿Qué significa todo esto para la agenda de 2026 en México y su relación económica con Estados Unidos, Europa y África? Significa que la descentralización efectiva es ahora una política industrial. Si la inversión exige electricidad confiable, agua gestionada con inteligencia, movilidad logística y permisos rápidos, entonces el gobierno local es parte del aparato productivo. Universidades y centros de análisis han sido claros: para sostener el momento de relocalización productiva rumbo a la revisión de 2026, México necesita eficiencia logística y coordinación multinivel; no basta con atraer anuncios, hay que convertirlos en proyectos operando sin fricción.
Mi opinión es que el reto principal de 2026 será político: ordenar el poder y el dinero para que la ejecución ocurra donde debe ocurrir. El riesgo es doble. Por un lado, si la consolidación fiscal aprieta, se intentará “ahorrar” recortando inversión local justo cuando la demanda de infraestructura y servicios crece. Por otro, si la descentralización avanza sin estándares, se multiplicarán reglas, trámites y discrecionalidad, elevando costos para empresas y erosionando legitimidad ciudadana. La salida no es recentralizar por reflejo, sino copiar lo que funciona: igualación fiscal con incentivos (Alemania), autonomía con transferencias transparentes y digitalización operativa (Japón), y auditoría con consecuencias reales y fortalecimiento de capacidades (Sudáfrica). En 2026, descentralizar bien no es un lujo: es la única forma de convertir comercio en empleo, inversión en bienestar y acuerdos internacionales en resultados medibles.
Escrito por: Editorial
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