Empresarios mexicanos en Estados Unidos, socios para la oportunidad energética de México
México necesita mirar a sus empresarios en Estados Unidos más allá de la nostalgia. El Estado 33 puede conectar proveedores, experiencia e inversión con la modernización energética del país. Para lograrlo, los encuentros binacionales deben traducirse en proyectos con clientes, responsables y posibilidades reales de operar.
El origen compartido puede abrir una puerta comercial, pero no sostiene por sí solo una inversión. Los empresarios mexicanos establecidos en Estados Unidos necesitan conocer las reglas, calcular costos y encontrar socios confiables para participar en proyectos energéticos en México. La tesis es concreta: el país puede aprovechar mejor esa relación si identifica capacidades empresariales y las conecta con necesidades verificadas. Pedir confianza sin preparar proyectos es una manera de desperdiciarla.
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El Estado 33 también tiene experiencia empresarial
Una investigación publicada en marzo de 2026 por Immigration Research Initiative, basada en la encuesta estadounidense ACS quinquenal de 2023, identificó aproximadamente 213 mil inmigrantes mexicanos propietarios de negocios constituidos legalmente. De ellos, 62 mil se concentraban en construcción. La medición cuenta personas, no empresas, y no representa a todo el empresariado de ascendencia mexicana. Aun con ese alcance, muestra una base que merece atención estratégica.
Esa experiencia no convierte automáticamente a sus propietarios en especialistas energéticos. Sí permite buscar empresas capaces de asociarse con ingenieros, instaladores y operadores en México. Quienes tengan experiencia pertinente podrían ayudar a seleccionar proveedores, organizar obras, negociar suministros o estructurar servicios de mantenimiento. La ventaja binacional aparecería al conectar capacidades comprobadas de ambos países, con responsabilidades contractuales claras.
“El vínculo con México abre la conversación; la certidumbre decide la inversión”.
Reconocer al Estado 33 como socio económico exige convocarlo alrededor de problemas concretos: una empresa que necesita reducir su consumo, una instalación que requiere modernizar equipos o un proyecto que busca contratistas especializados. Cada necesidad demanda conocimientos y recursos distintos; una política útil debe reconocer esas diferencias.
La oportunidad energética ya tiene distintas escalas
El 6 de noviembre de 2026, la Comisión Nacional de Energía informó la aprobación de seis permisos fotovoltaicos que suman 649 megawatts de capacidad neta, derivados de la segunda convocatoria alineada con la planeación vinculante. Son proyectos autorizados, no centrales que ya estén entregando electricidad. Entre ambos momentos deben resolverse financiamiento, construcción e interconexión: etapas donde la capacidad de ejecución resulta decisiva.
También existe un mercado de menor escala. La CNE reportó 5,675.47 megawatts de generación distribuida instalados al cierre del primer semestre de 2026. Esa infraestructura requiere diseño, instalación, supervisión y mantenimiento. Para empresarios binacionales con preparación técnica o socios especializados, abre posibilidades que merecen evaluarse sin asumir que cualquier proyecto será rentable.
Pensemos en un caso hipotético: una empresa mexicana busca instalar paneles solares en su nave. Un empresario establecido en Estados Unidos podría vincularla con proveedores y asociarse con una firma local para ejecutar y mantener el sistema. Antes de contratar, tendrían que revisar consumo, condiciones del inmueble, requisitos de interconexión y costos. La aportación empresarial estaría en resolver esa cadena con calidad y continuidad.
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La confianza necesita contratos y reglas comprensibles
El marco mexicano permite la generación privada y los esquemas de inversión mixta, mientras reserva al Estado la planeación y el control del sistema, así como el servicio público de transmisión y distribución. Cualquier propuesta debe partir de esas atribuciones y de los requisitos aplicables a su modalidad. La familiaridad con el mercado estadounidense puede aportar experiencia, pero las decisiones deben ajustarse a las condiciones mexicanas.
Para el empresario, la conversación debe llegar pronto a preguntas operativas: quién contratará el servicio, cómo se pagará, quién responderá por fallas y qué autorizaciones faltan. También importa quién dará mantenimiento cuando termine la instalación. Si esos puntos permanecen abiertos, el entusiasmo binacional difícilmente se convierte en una relación comercial sostenible. La confianza crece cuando cada parte sabe qué debe cumplir y cómo se comprobará.
El municipio debe llegar con una propuesta concreta
Los municipios pueden ordenar usos de suelo, dar claridad a sus trámites y coordinarse con las autoridades correspondientes dentro de sus competencias. No pueden garantizar por sí solos disponibilidad eléctrica ni sustituir permisos federales. Su aportación consiste en reducir incertidumbre local y facilitar información suficiente para que empresarios y especialistas evalúen un proyecto.
Una agenda municipal con el Estado 33 podría comenzar con pocas propuestas bien preparadas: identificar usuarios interesados, documentar su necesidad, revisar la situación del predio y definir la ruta de autorizaciones. Después vendría la búsqueda de socios con experiencia comprobada. Cámaras empresariales y asociaciones de mexicanos en Estados Unidos podrían facilitar contactos; los resultados tendrían que medirse por proyectos operativos, servicios prestados y personal capacitado.
“El Estado 33 necesita proyectos que funcionen después de la fotografía”.
México puede convertir esa relación en empleos técnicos, proveedores más sólidos y soluciones energéticas útiles. El primer paso es llegar a la mesa con una necesidad verificable y una propuesta seria. ¿Qué proyecto energético concreto podrían impulsar juntos su municipio y los empresarios mexicanos establecidos en Estados Unidos?
Escrito por: Editorial
Fuentes
Immigration Research Initiative: perfil del empresariado en Estados Unidos, 19 de marzo de 2026. Análisis basado en datos quinquenales de la ACS de 2023.
Comisión Nacional de Energía: aprobación de seis permisos fotovoltaicos por 649 MW, 6 de noviembre de 2026.
Comisión Nacional de Energía: generación distribuida al cierre del primer semestre de 2026, 4 de noviembre de 2026.
Ley del Sector Eléctrico, artículos 2, 16, 19, 25 y 88: atribuciones del Estado, participación en generación, generación distribuida y coordinación gubernamental.
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