Ciudades en red, el poder ya no vive en la capital
- Editorial
- hace 3 horas
- 3 Min. de lectura
Las redes internacionales de ciudades son “infraestructuras políticas” donde gobiernos locales cooperan para influir reglas, atraer financiamiento, intercambiar capacidades técnicas y acelerar proyectos. No sustituyen a la diplomacia nacional: la vuelven operable en el terreno. En el siglo XXI, cuando las cadenas de suministro, la transición energética y la seguridad hídrica se deciden por corredores logísticos y zonas metropolitanas, la pregunta ya no es si una ciudad “tiene relaciones internacionales”, sino si sabe convertir relaciones en resultados.
En lo político, la cooperación en red amplifica voz y legitimidad: una alcaldía aislada pide; una red coordina y negocia estándares. En lo técnico, reduce el costo de aprender: compartir pliegos, modelos de licitación, métricas y pilotos acorta años a meses. Y en lo financiero, la red actúa como “señal” ante bancos de desarrollo, filantropías y fondos climáticos: proyectos comparables, reportables y escalables se vuelven financiables.
Los datos de 2025 muestran por qué esto importa. En C40, 73% de sus ciudades reportan haber “pico” de emisiones, y el portafolio de acciones climáticas registradas se multiplicó casi por diez hasta 4,723 acciones (dato 2024 reportado en 2025), mientras la gestión de riesgos cubre ya cerca de 85% de los peligros climáticos de mayor exposición. En paralelo, el ecosistema de reporte y transparencia creció: en 2025 más de 1,000 ciudades y gobiernos subnacionales reportaron información ambiental mediante la plataforma CDP-ICLEI, y 120 ciudades obtuvieron calificación “A”. Ese “lenguaje común” de datos es, hoy, moneda para atraer cooperación y capital.
A escala global destacan C40 (clima y políticas urbanas), ICLEI (sustentabilidad y asistencia técnica con una base de más de 2,500 gobiernos locales), y UCLG (representación política y agendas globales). En la dimensión metropolitana, Metropolis conecta grandes áreas urbanas, donde México tiene presencia histórica, por ejemplo Guadalajara como miembro desde 1987. Para acción climática y acceso a herramientas, GCoM agrupa más de 13,800 ciudades y gobiernos locales, con población comprometida superior a 1.2 mil millones. En lo regional, Mercociudades ha escalado a más de 400 ciudades de 12 países, incluyendo México, y es útil para cooperación Sur–Sur y proyectos de política pública “transferible”.
La membresía pasiva es pagar cuota, ir a una cumbre, tomarse la foto y volver a la agenda local sin cambios. La participación estratégica, en cambio, parte de una tesis: “qué quiero conseguir en 12–18 meses y qué red me ayuda a lograrlo”. Implica elegir 1–2 redes núcleo, alinear un portafolio de proyectos bancables (movilidad, agua, energía, digitalización), reportar métricas comparables y convertir cada evento en una negociación concreta: asistencia técnica, hermanamientos con entregables, o una ruta de financiamiento.
La Ciudad de México ha utilizado redes como plataforma de implementación y alianzas. En 2025, por ejemplo, C40 y socios anunciaron cooperación para acelerar la transición de carga eléctrica en México, conectando política climática con logística y calidad del aire, justo donde se juega competitividad. En el plano metropolitano, Guadalajara aparece en Metropolis como nodo reconocido por su peso industrial y digital, útil para puentes con ciudades de América, Europa y África en temas de innovación urbana y atracción de inversión. Y en gobernanza global, México ha ocupado espacios en UCLG (incluyendo representación vinculada a Ciudad de México), lo que convierte a la ciudad en interlocutor para agendas como derechos, cultura y desarrollo urbano.
El principal error es medir el retorno con “visibilidad” en lugar de resultados. Los costos son reales: cuotas, viajes, equipo técnico y tiempo político. Algunas redes incluso transparentan rangos de afiliación; por ejemplo, ICLEI México publica cuotas diferenciadas por tamaño poblacional (en MXN). El retorno debe medirse con tres indicadores duros: proyectos acelerados (días ahorrados), financiamiento movilizado (monto y condiciones), y política pública transferida (normas, contratos, KPIs). En 2025, el contexto macro premió a quienes ejecutan rápido: México cerró 2025 con exportaciones récord a EE. UU. por 534,874 millones de dólares, 5.8% más que 2024; y el comercio bilateral total alcanzó 872,834 millones. En ese entorno, una red bien usada puede traducirse en más inversión, más proveedores locales certificados y mejor infraestructura urbana para sostener nearshoring.
La diplomacia urbana ya no es ceremonial: es una palanca de competitividad. En 2026, el reto mayor será jugar en un tablero más exigente. La revisión del T-MEC/USMCA inicia formalmente el 1 de julio de 2026, y la incertidumbre regulatoria puede frenar inversión si las ciudades no ofrecen certeza, energía, agua y logística confiable. Sumemos presión fiscal, clima extremo y brechas de financiamiento urbano. Quien llegue a esa revisión con portafolios listos, métricas verificables y coaliciones internacionales activas tendrá ventaja para defender empleos, atraer capital y acelerar tecnología. Las redes no son un fin: son el atajo institucional para que el poder local pese, negocie y entregue.
Escrito por: Editorial
Comentarios