La Agenda 2030 se está rompiendo… y las ciudades pagarán la factura en 2026
- Editorial
- hace 5 horas
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En 2026 ya no basta con declarar “compromiso” con la Agenda 2030. La conversación global cambió: se mide ejecución, se comparan resultados y, sobre todo, se castiga la incoherencia. En ese tablero, las ciudades mexicanas —y sus contrapartes en América, Europa y África— están enfrentando una verdad incómoda: la agenda multilateral se está jugando en lo urbano, pero muchas capacidades locales siguen siendo frágiles para convertir metas globales en obras, servicios y empleo.
El 2025 dejó el diagnóstico en números duros. El Reporte de los ODS 2025 de Naciones Unidas concluyó que solo 35%de las metas está “en ruta” o con progreso moderado; casi la mitad avanza demasiado lento y una parte incluso retrocede. Ese dato importa para la política local porque, según estimaciones de la OCDE, al menos 105 de 169 metas de los ODS requieren acción directa de gobiernos subnacionales, que además concentran alrededor de 55% de la inversión públicaen países OCDE. En otras palabras: si el municipio no ejecuta, la Agenda 2030 no ocurre.
La multilateralidad ya no es exclusiva de cancillerías. Hoy, redes de ciudades y gobiernos locales se sientan —formal o informalmente— en la mesa global: clima, financiamiento, resiliencia, movilidad, salud pública, digitalización y derechos. La razón es pragmática: la legitimidad se construye donde vive la gente. En 2026, los socios comerciales de México en Norteamérica y Europa, y los mercados emergentes de África, están alineando inversiones, compras públicas y cooperación a estándares de sostenibilidad, trazabilidad y gobernanza. Quien no los cumpla, pierde competitividad.
La Agenda 2030 no es solo SDG 11 (ciudades). Es agua, energía, empleo, educación, salud, seguridad alimentaria, desigualdad y paz social, todos con un componente municipal. Por eso, cuando Naciones Unidas reporta estancamiento global, el golpe aterriza en municipios: menos margen fiscal, más presión social y más demandas de infraestructura. La salida es convertir ODS en planeación territorial con indicadores: no “alineación narrativa”, sino metas ejecutables (reducción de fugas de agua, eficiencia energética, transporte público, regularización urbana, digitalización de permisos, compras con criterios ESG).
El clima se volvió la variable que reordena presupuestos. En 2025, las emisiones globales de CO₂ de origen fósil alcanzaron 38.1 mil millones de toneladas, con un aumento anual de 1.1%, mientras 2025 quedó entre los años más cálidos registrados. Para las ciudades, eso significa más olas de calor, presión hídrica, incendios y costos de aseguramiento e infraestructura.
Pero también hay evidencia de que las ciudades pueden cerrar parte de la brecha. C40 reportó que 73% de sus ciudades ya alcanzó el pico de emisiones y que, si se cumplen los compromisos urbanos, podrían cerrar hasta 37% de la brecha de ambición hacia 1.5°C para 2030. En 2026, para México esto se traduce en dos prioridades binacionales: adaptación (agua, drenaje pluvial, salud) y competitividad industrial limpia (energía, movilidad de carga, ordenamiento territorial), porque el mercado norteamericano está endureciendo exigencias de cumplimiento y huella.
La agenda global ya entendió que no hay desarrollo sin igualdad. UN Women advierte que las ganancias existen, pero los retrocesos y la “resistencia” a derechos están frenando avances; su Gender Snapshot 2025 coloca el costo de no invertir en igualdad como un riesgo macroeconómico y social. Para gobiernos locales, esto no es discurso: implica presupuestos con perspectiva de género, seguridad urbana, transporte seguro, sistemas de cuidados y acceso digital. En socios europeos, estas métricas ya condicionan cooperación y financiamiento. En África, donde parte importante del riesgo de pobreza futura se concentra, la igualdad se está vinculando a resiliencia climática y estabilidad social.
La migración reconfiguró la gobernanza de ciudades mexicanas y estadounidenses. En el año fiscal 2025 (octubre 2024–septiembre 2025), la Patrulla Fronteriza registró 237,538 encuentros, el nivel más bajo desde 1970, lo que muestra un cambio brusco respecto a los años previos. Al mismo tiempo, la OIM reportó que en 2025 casi 50% de personas migrantes encuestadas en México consideraba al país como destino, frente a menos de 25% antes, señal de que muchas ciudades mexicanas ya no son solo tránsito, sino asentamiento y servicios.
Para 2026, el reto binacional es claro: sin coordinación local–federal–consular, la migración impacta vivienda, salud, empleo informal y seguridad comunitaria. La cooperación internacional útil aquí es la que financia capacidades: albergues con estándares, integración laboral, certificación de habilidades, interoperabilidad de datos y coordinación metropolitana.
La pregunta para alcaldías ya no es si “asisten” a foros, sino si vuelven con proyectos. COPs climáticas, redes como C40, ICLEI y foros de desarrollo urbano son instrumentos para amarrar financiamiento, transferencia tecnológica y alianzas universitarias. En 2026, la participación efectiva exige expedientes: cartera de proyectos, medición de emisiones, planes de adaptación, gobernanza de datos, y mecanismos de transparencia para evitar diplomacia de “foto”.
El potencial de 2026 se juega en tres frentes.
Primero, capacidad técnica municipal: sin equipos y datos, la Agenda 2030 se queda en PowerPoint.
Segundo, financiamiento y ejecución: la presión climática exige gastar mejor, no solo gastar más.
Tercero, coherencia binacional: México y Estados Unidos comparten cadenas productivas y riesgos climáticos; si sus ciudades no coordinan estándares, permisos, energía y talento, perderán inversión frente a regiones más ordenadas en América y Europa, y frente a polos emergentes en África.
La Agenda 2030 no se “salva” en 2030. Se decide en 2026, calle por calle, obra por obra, dato por dato.
Escrito por: Editorial
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