Ciudades al límite. Convertir la crisis urbana en la gran oportunidad verde de México y EE. UU.

En 2025, la sostenibilidad urbana dejó de ser una agenda de “buenas intenciones” para convertirse en una estrategia de competitividad. En Estados Unidos, el aterrizaje de fondos federales —como los Climate Pollution Reduction Grants y el Greenhouse Gas Reduction Fund— está financiando planes y proyectos municipales de alto impacto; tan solo en noviembre de 2024 se anunciaron más de 4.3 mil millones de dólares en apoyos a 25 gobiernos estatales y locales, y un fondo adicional de 27 mil millones para apalancar financiamiento climático distribuido en barrios vulnerables. Estas bolsas, pensadas para implementación en 2024-2026, permiten a las ciudades acelerar edificios eficientes, movilidad limpia e infraestructura verde con enfoque comunitario.

México, por su parte, estrenó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que reconoce el agua como derecho humano y prioriza saneamiento, reúso e inversión en infraestructura; el gobierno estimó recursos cercanos a 20 mil millones de pesos hacia 2025 para detonar proyectos estratégicos. El reto urbano no es menor: la Ciudad de México combina inundaciones recurrentes con abasto intermitente, y en 2024 solo 58.4% de la población reportó recibir agua de manera constante, mientras apenas 20% confía en su potabilidad. Sin políticas integrales de captación pluvial, restauración de ríos y reúso seguro, la brecha hídrica seguirá profundizándose. 

Los datos de 2024 muestran que la tecnología y la economía ya se movieron: en Estados Unidos se vendieron 1.6 millones de autos eléctricos, con una cuota de mercado superior al 10%; además, los heat pumps superaron a los gas furnaces por su mayor margen histórico, con 32% más envíos de bombas de calor que de hornos a gas. Para las ciudades, esto significa menos emisiones locales, facturas energéticas más predecibles y demanda eléctrica más flexible si se acompaña de gestión de picos y tarifas inteligentes.

En el transporte masivo, América Latina cerró 2024 con 6,055 autobuses eléctricos —13% más que en 2023—, y la capital mexicana inició 2025 incorporando 26 unidades eléctricas articuladas adicionales a Metrobús en las Líneas 2, 5 y 6. Son señales claras de que la electromovilidad urbana ya es una política pública viable cuando se combinan contratos de suministro, financiamiento mixto y adquisición por lotes.

Aun así, la base energética importa: en 2024 75% de la electricidad mexicana se generó con combustibles fósiles y solo 25% provino de fuentes bajas en carbono; viento y solar sumaron 13%. Esto limita el beneficio climático de electrificar edificios y transporte si no se acelera en paralelo la descarbonización de la red con eólica, solar y almacenamiento. En Estados Unidos, la reducción de emisiones del parque vehicular tendrá un nuevo empuje con la regla federal de estándares multipolutantes 2027-2032, que endurece límites para autos y camionetas ligeras; su implementación coordinada con ciudades es una oportunidad para orientar infraestructura de recarga y modernización de flotas municipales.

¿Qué diseño de políticas públicas necesitamos en 2025 para ecosistemas urbanos sostenibles y binacionales?

1. Primero, presupuestos con propósito: las ciudades deben alinear partidas locales con ventanas federales. En la frontera, casos como Presidio, Texas, que obtuvo 12.7 millones de dólares para resiliencia y reducción de contaminación con infraestructura verde y mitigación de calor extremo, ilustran cómo proyectos comunitarios pueden apalancar dólares federales y generar empleo local. En México, municipios con estrés hídrico pueden “emparejar” recursos del Plan Hídrico con APPs para plantas de tratamiento, redes de agua no potable y corredores de infiltración urbana.

2. Segundo, regulación que habilite mercado: códigos de construcción que aceleren bombas de calor, techos fríos y rehabilitación térmica; normas para reúso de agua regenerada en riego, limpieza urbana e industria ligera; y estándares de compras públicas que exijan buses cero emisiones y materiales de bajo carbono. La academia —de UNAM a Tec de Monterrey— ya provee evidencia y soluciones de reúso, movilidad y modelación urbana que deben traducirse en reglamentos y licitaciones.

3. Tercero, tecnología con licencia social: sensores de calidad del aire y agua abiertos al público, tarifas progresivas con protección a hogares vulnerables, y participación vecinal en priorización de proyectos. La planeación debe medir resultados en términos de toneladas de CO₂e evitadas, litros de agua reutilizados, islas de calor reducidas y minutos ahorrados en viaje.

Los avances de 2024 prueban que hay tracción, pero 2025 exige resolver cinco cuellos de botella. Gobernanza metropolitana: sin autoridades coordinadoras con dientes regulatorios, la infraestructura verde-azul se fragmenta. Red eléctrica: en México, la interconexión tardía y el predominio fósil restan competitividad a la electrificación; acelerar transmisión y almacenamiento es condición necesaria. Permisos y compras públicas: procesos largos impiden capturar ventanas de subsidios en EE. UU. y encarecen CAPEX municipal. Aceptación social del reúso: se necesita alfabetización hídrica y estándares claros para ganar confianza ciudadana. Vivienda y justicia climática: la mejora del entorno urbano no debe expulsar a quienes menos contaminan; sin instrumentos de suelo y tarifas sociales, el “verde” puede volverse gentrificador. En síntesis, 2025 será el año de pasar del piloto al portafolio: integrar agua, energía, movilidad y vivienda en una sola ecuación financiera y regulatoria que haga de la sostenibilidad el nuevo estándar de competitividad urbana en México y Estados Unidos.

Escrito por: Editorial

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