¡Ciudades al rojo vivo! El shock de sostenibilidad

2025 nos alcanza con dos certezas: el calor extremo ya es factor estructural de la vida urbana y el presupuesto público—si se orienta con precisión—puede redirigir la economía de las ciudades hacia la resiliencia. En 2024 se sembraron avances concretos que hoy marcan la pauta. En México, el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) cerró el sexenio con más de mil 300 obras de espacio público, vivienda y equipamiento en 193 municipios, con impacto declarado sobre 13.5 millones de personas; la cifra no es cosmética: parques, canchas, centros culturales y mercados que reequilibran barrios donde el déficit urbano había sido crónico.

La movilidad—el mayor “multiplicador climático” urbano—también dio señales estructurales. En la Ciudad de México, la Red de Transporte de Pasajeros incorporó 50 autobuses eléctricos en octubre de 2024 y el Metrobús consolidó su transición con la primera línea 100 % eléctrica; en enero de 2025 se sumaron 26 unidades eléctricas más a las líneas 2, 5 y 6, manteniendo la inercia de cambio tecnológico. Estos pasos, aunque graduales, son política pública en movimiento: menos ruido, mejor calidad del aire y costos operativos más predecibles.

Al norte, 2024 fue el año en que Estados Unidos “aceitó” el financiamiento masivo para la transición urbana. La EPA obligó el 100 % de los 27 000 millones de dólares del Greenhouse Gas Reduction Fund (GGRF), es decir, los recursos quedaron legalmente comprometidos para proyectos de eficiencia, electrificación y resiliencia a nivel local. Dentro de ese paquete, el programa Solar for All asignó 7 000 millones a 60 beneficiarios para llevar energía solar distribuida a más de 900 000 hogares de bajos ingresos, con ahorros proyectados en facturas por más de 350 millones de dólares al año y reducciones acumuladas de 30 millones de toneladas de CO₂e. Además, al menos 40 % del capital de los fondos nacionales se dedicará a comunidades vulnerables, aterrizando la justicia climática en el diseño financiero.

Los edificios, responsables del grueso de las emisiones urbanas, también ofrecieron evidencia de impacto en 2024. El Departamento de Energía estima que los estándares de eficiencia de equipos y electrodomésticos vigentes desde 1987 generaron ahorros por 105 000 millones de dólares solo en 2024, un recordatorio de que la “descarbonización silenciosa”—normas técnicas que suben el piso mínimo—rinde. A escala de campus y ciudad, MIT reportó en su ejercicio fiscal 2024 una reducción adicional de 3 % en emisiones relacionadas con edificios pese a nuevas instalaciones, gracias a retrofits y gestión energética; prueba de que la productividad urbana puede aumentar mientras baja la intensidad de carbono.

Del lado mexicano, la política urbana empieza a integrar infraestructura verde, seguridad y salud pública como un mismo sistema. El PMU documentó no solo cantidad, sino calidad urbana premiada—arquitectura social que revaloriza barrios y, por extensión, patrimonio familiar y microeconomías locales—en un esfuerzo que deberá “engancharse” a reglas de operación 2025 para no perder tracción. La lección es clara: cuando el gasto se territorializa, el retorno social se acelera.

Pero el diseño moderno de políticas públicas urbanas ya no puede separarse de datos finos y capacidad de ejecución. En 2024, INEGI avanzó en indicadores experimentales de movilidad con fuentes innovadoras, útiles para calibrar carriles, semáforos, logística de última milla y estándares de confort térmico en banqueta. En 2025, ciudades mexicanas y estadounidenses que unan estos datos con inversión climática federal/estatal—desde CPRG por 4 300 millones de dólares seleccionados por la EPA hasta fondos locales—tendrán ventaja competitiva para atraer industria limpia y talento.

Mi diagnóstico binacional es optimista pero exigente. En 2024 ya vimos porcentajes y montos que mueven la aguja: 100 % de los 27 000 millones del GGRF obligados; 40 % del capital de inversión limpia reservado para comunidades desfavorecidas; 900 000 hogares de bajos ingresos encaminados a energía solar; una capital latinoamericana con la primera línea BRT 100 % eléctrica; más de mil 300 obras urbanas en México con cobertura masiva y reconocimientos internacionales. El reto de 2025 es llevarlos del PowerPoint al pavimento y al recibo de luz del hogar medio. Eso implica cinco decisiones políticas concretas: consolidar esquemas de compra agregada de e-buses y cargadores para bajar CAPEX; adoptar metas de modernización de edificios con cronogramas obligatorios y apoyo a MIPYMES; institucionalizar techos fríos y arbolado urbano en códigos de construcción para abatir islas de calor; codificar planes de calor extremo con refugios y alertas barrio por barrio; y, sobre todo, alinear visor presupuestal, transparencia y analítica para que cada peso/clima rinda dos veces.

Lo más difícil no es el dinero, es la coordinación. En México, municipios y estados deben enganchar proyectos urbanos a carteras multianuales con reglas de operación estables y banca de desarrollo que estructure APPs limpias. En EE. UU., la prioridad es capacidad técnica local para ejecutar sin retrasos y con métricas de equidad. A ambos lados de la frontera, el cuello de botella será el talento: ingenieras/os de energía, planeadoras/es urbanos, financiamiento de proyecto y compras públicas. Si 2025 logra profesionalizar esa “máquina de implementación”, el bien público urbano—aire limpio, calles caminables, vivienda digna, agua segura—dejará de ser promesa y se volverá ventaja económica duradera.

Escrito por: Editorial

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