¡Barrios que renacen! La revolución de la renovación urbana en México y EE.UU.

La renovación de infraestructura en barrios envejecidos dejó de ser un lujo estético para convertirse en una estrategia de competitividad, salud pública y cohesión social a ambos lados de la frontera. En 2024, México y Estados Unidos aceleraron proyectos que combinan obra dura, justicia espacial y tecnologías cívicas para reconectar colonias, reducir brechas de servicios y detonar economías locales. En México, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reportó más de 1,300 obras urbanas desde 2019 con una inversión cercana a 35 mil millones de pesos y 300 instrumentos de ordenamiento; la propia dependencia afirma que estos instrumentos contribuyeron a reducir 60% el crecimiento de la mancha urbana, señal de un viraje hacia planeación con enfoque de proximidad.

Ese avance ocurre en medio de una presión hídrica inédita: al 15 de enero de 2024, 61.5% del territorio mexicano padecía sequía y 1,613 municipios presentaban condiciones severas, extremas o excepcionales, lo que vuelve prioritaria la modernización de redes de agua y drenaje, pozos y plantas potabilizadoras. En la Ciudad de México, especialistas estimaron que cerca de 40% del agua se pierde por fugas asociadas a tuberías antiguas, un indicador de la urgencia de invertir en sustitución de línea y control de pérdidas con sensores y gestión activa de presiones.

En Estados Unidos, 2024 marcó un punto de quiebre para proyectos que remiendan cicatrices de autopistas urbanas y barreras ferroviarias que dividieron vecindarios durante décadas. El Departamento de Transporte anunció en marzo de 2024 la asignación de 3,300 millones de dólares a 131 proyectos en 41 estados y D.C. a través del programa Reconnecting Communities & Neighborhoods, con casos emblemáticos como “The Stitch” en Atlanta, un parque de 14 acres que cubrirá la autopista para coser comunidades históricamente afectadas. En paralelo, la agenda federal de infraestructura informó más de 568 mil millones de dólares anunciados para más de 66,000 proyectos a la fecha —una masa crítica que ya permea calles completas, transitabilidad peatonal, drenaje pluvial y transporte activo.

La salud pública se volvió política urbana. En mayo de 2024, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) publicó las asignaciones del tercer año para reemplazar líneas de servicio de plomo: parte de un fondo total de 15 mil millones de dólares de la Ley de Infraestructura Bipartita, frente a una necesidad nacional estimada entre 50 y 80 mil millones. Ciudades como Milwaukee y Detroit recibieron en 2024 recursos para sustituir miles de tuberías, con metas de eliminación total en una década. Aunque una auditoría periodística recordó en 2024 que la distribución inicial tuvo fallas de datos a nivel estatal, el ajuste metodológico de la EPA para ese año es una lección sobre gobernanza basada en evidencia.

Los porcentajes cuentan cuando se traducen en vida cotidiana. En 2024, México consolidó un portafolio de obra pública de proximidad —parques, centros comunitarios, vialidades barriales y mercados— que, sumado a instrumentos de ordenamiento, empieza a corregir el desequilibrio entre periferias expansivas y servicios insuficientes; aun así, los números de sequía y pérdidas de agua subrayan que la infraestructura básica continúa siendo el cuello de botella del bienestar urbano. En Estados Unidos, el 2024 aceleró la reparación del tejido físico y social: miles de millones alineados a equidad territorial, proyectos para “coser” barrios divididos y un impulso sanitario sin precedentes para redes de agua, con cronogramas y métricas federales que facilitan seguimiento público.

De cara a 2025, tres retos definirán si esta ola de renovación urbana cumple su promesa. El primero es político-institucional: coordinación multinivel y continuidad más allá de ciclos electorales. México debe blindar presupuestos locales para mantenimiento y agua —no solo obra nueva— y profundizar la profesionalización municipal en gestión de activos; en EE.UU., la implementación deberá sostener criterios de justicia ambiental y mejorar la calidad de datos tras las observaciones de 2024. El segundo es económico: cerrar la brecha entre necesidades y financiación. Los 15 mil millones federales para reemplazo de plomo son un avance, pero apenas cubren una fracción del costo estimado; en México, el esfuerzo de más de 1,300 obras requiere escalar con alianzas público-privadas transparentes, capturas de plusvalía y bonos verdes/azules para agua y drenaje. El tercero es tecnológico y social: llevar digital twins, sensórica y analítica predictiva a redes de agua, pavimentos y alumbrado, mientras se blinda contra la gentrificación expulsiva mediante reglas de vivienda asequible y participación comunitaria desde el diseño. La buena noticia es que el pipeline de 2025 ya se mueve: en enero se anunciaron 544.6 millones de dólares adicionales para reconectar comunidades, señal de que la marea de proyectos no se detendrá.

La frontera simbólica hoy no es un muro, sino la distancia entre el barrio que se queda atrás y el que se renueva con servicios resilientes, movilidad humana y datos abiertos. Si 2024 fue el año de destrabar recursos y demostrar que los porcentajes sí cambian realidades, 2025 debe ser el año de la ejecución fina: menos cortes de agua, menos baches, más sombra y más kilómetros caminables medidos con transparencia. Ese es el verdadero renacimiento urbano.

Escrito por: Editorial

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