Migración y Sed: la bomba de tiempo del agua

En 2025, la conversación binacional sobre migración se ha contado casi siempre en números de “encuentros”, detenciones, deportaciones y cruces; pero el verdadero termómetro de presión social en las ciudades fronterizas no está en un reporte mensual, sino en los grifos, los drenajes y las plantas de tratamiento. La frontera vive una paradoja: incluso cuando la dinámica migratoria cambia de volumen o de rutas, la demanda de agua y saneamiento se vuelve más costosa, más política y más tecnológica. Y eso ocurre porque la migración no solo “llega”: se asienta, se concentra, se desplaza y obliga a los gobiernos locales a administrar picos de población que no caben en sus proyecciones hidráulicas.

Los datos de 2025 muestran un viraje relevante. Organizaciones como WOLA documentan que el año fiscal 2025 cerró con 443,671 “encounters” a nivel CBP, una caída de 79% frente al año fiscal 2024. A la par, CBP comunicó que entre el 21 de enero y finales de noviembre de 2025 hubo 117,105 encuentros de “enforcement” en la frontera suroeste, 37% menos que el periodo comparable previo. Este descenso es un “avance” en control fronterizo, pero no significa automáticamente menor presión hídrica. ¿Por qué? Porque el impacto en agua depende menos del total anual y más de la concentración territorial: albergues saturados, campamentos temporales, corredores de espera en puertos de entrada, y ciudades que absorben población flotante por semanas o meses.

Ahí el agua deja de ser un servicio y se vuelve una variable de gobernanza. Cuando una ciudad recibe flujos irregulares o repentinos, el primer cuello de botella no es la potabilización, sino la distribución y la higiene: baños, duchas, lavado, manejo de residuos y, sobre todo, drenaje. En ese punto, migración y agua se cruzan como un problema de salud pública: más gente sin acceso estable a saneamiento multiplica descargas clandestinas, colapsos de colectores y costos de operación para las utilities locales. En 2025, el caso Tijuana–San Diego volvió a evidenciarlo: ambos países firmaron un nuevo acuerdo para atender la crisis de aguas residuales del río Tijuana, con proyectos de infraestructura, investigación, monitoreo reforzado y planeación de operación y mantenimiento “considerando crecimiento poblacional futuro en Tijuana”. El mismo paquete empuja el uso acelerado de 93 millones de dólares para mejoras del sistema de saneamiento en Tijuana, según EPA. Más claro imposible: la presión demográfica, incluida la migración, ya está escrita en el diseño técnico del acuerdo.

La economía política de 2025 también empujó el tema hacia arriba en la agenda bilateral. En diciembre, el conflicto por el Tratado de Aguas de 1944 se politizó con amenazas comerciales y un pulso diplomático que incluyó cifras duras: México debe entregar 2,158 millones de m³ por ciclo de cinco años y acumuló un adeudo reportado de 986 millones de m³; además, se pactaron entregas parciales (por ejemplo, 249 millones de m³ en un tramo) como señal de cumplimiento. En paralelo, EE. UU. informó que México liberaría 202,000 acre-feet, con una ruta de acciones y negociaciones hacia enero de 2026. Aunque este debate se asocia a agricultura y sequía, su efecto urbano es directo: cuando el agua se vuelve ficha geopolítica, las ciudades fronterizas pagan el costo en incertidumbre de abasto, tarifas, y priorización de usos entre industria, consumo humano y servicios de emergencia.

La tecnología aparece en 2025 como el gran “amortiguador” posible, pero todavía insuficiente. El avance más concreto ha sido institucional y de infraestructura: el acuerdo Minute 333 en saneamiento transfronterizo y el énfasis en monitoreo y O&M son, en el lenguaje de la gestión hídrica, un cambio de paradigma: ya no basta construir, hay que sostener y medir. Sin embargo, en el lado mexicano persiste una vulnerabilidad estructural: la presión sobre acuíferos en el norte y la fragmentación de gobernanza del agua, en un contexto donde se cita que más de 45% de acuíferos estarían sobreexplotados. Cuando la migración se combina con expansión industrial (nearshoring) y crecimiento urbano, la competencia por el recurso se vuelve un juego de suma cero, salvo que entren soluciones de eficiencia real: reducción de fugas, reutilización a escala, telemetría, y gestión de demanda con datos.

La frontera está tratando la migración como un evento de seguridad, cuando su costo más persistente se está cobrando como factura hidráulica. El reto principal para “desarrollar el potencial” en 2025 —potencial de estabilidad social, de competitividad regional y de cooperación binacional— será mover el enfoque hacia una infraestructura de agua y saneamiento diseñada para variabilidad poblacional. Eso exige tres cosas a la vez: coordinación binacional con métricas compartidas (no solo comunicados), financiamiento multianual protegido de ciclos políticos, y tecnología enfocada en lo básico (medir, reducir pérdidas, reusar) antes que en soluciones vistosas. Si México y EE. UU. logran que cada negociación migratoria traiga aparejada una conversación técnica de agua (y no al revés), la frontera podría convertir una crisis recurrente en un laboratorio de resiliencia urbana. Si no, la próxima ola no se medirá en “encuentros”, sino en colonias sin presión, playas cerradas y tensión social acumulada.

Escrito por: Editorial

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