La frontera apaga el humo. La nueva carrera por capturar carbono entre México y EE. UU.
- Editorial
- 27 ago
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Si la frontera norte ha sido por décadas una fábrica binacional, 2025 amenaza con convertirla también en un gigantesco sumidero de CO₂. La evidencia es contundente: en 2024, la capacidad global de captura y almacenamiento de carbono (CCS) “en construcción” se encaminó a duplicarse por encima de 100 millones de toneladas anuales cuando entren en operación las plantas que ya se edifican, un salto que cambió la conversación de promesa tecnológica a despliegue industrial.
En Estados Unidos, la pieza que acelera la adopción en corredores industriales vecinos de Baja California–California y Sonora–Arizona–Nuevo México es regulatoria y fiscal. Primero, por el incentivo 45Q: el Congreso mantuvo en 2025 los niveles de crédito fiscal de 85 USD/t para captura en fuentes puntuales con almacenamiento geológico y 180 USD/t para captura directa de aire (DAC), preservando la transferibilidad y la indexación inflacionaria; esto mantiene viables proyectos en cemento, acero, refinerías y generación a gas del lado texano-californiano. Segundo, por la “tubería” de permisos de inyección Clase VI (almacenamiento geológico). Ya en abril de 2024 había 130 solicitudes para 44 proyectos en 12 estados y una reserva tribal, indicador de un pipeline que empuja hubs a lo largo del Golfo y el Suroeste.
El emblema de esta ola es STRATOS, la planta DAC de 1PointFive (Occidental) en Ector County, Texas, diseñada para capturar hasta 500 000 t de CO₂ al año y con permisos Clase VI federales aprobados en abril de 2025; su arranque comercial está previsto para este mismo año, con contratos de venta de remociones a grandes compradores. Para el ecosistema fronterizo, STRATOS importa por su efecto demostrativo y por la logística de cruce de moléculas y créditos: fija referencias de costo, riesgo regulatorio y offtake que otras cementeras y químicas pueden replicar en la región.
Del lado mexicano, 2024 supuso menos inauguraciones pero más “alfombra geológica” y coordinación. México cuenta con un Atlas nacional de almacenamiento geológico y su participación en el Atlas Norteamericano (NACSA) permitió mapear cuencas y formaciones salinas con potencial para proyectos piloto, paso previo a permisos, líneas base ambientales y trazabilidad. Ese andamiaje—junto con la reactivación del debate CCUS en 2025—reaparece como condición de posibilidad para clusters cerca de Tijuana, Puerto Peñasco, La Laguna y el noreste industrial.
La industria ancla para ambos países está en los materiales de construcción. CEMEX—actor mexicano con huella en California, Arizona y Texas—profundizó en 2024 su apuesta CCUS al invertir en KC8 Capture Technologies, buscando bajar CAPEX/OPEX en cementeras y acelerar escalamiento en hornos existentes. Este movimiento reduce la brecha entre pilotos y captura a escala en plantas que abastecen corredores transfronterizos de obra pública, vivienda e infraestructura energética.
También hay diplomacia climática aplicada. En marzo de 2025, California y Sonora anunciaron una alianza para impulsar acciones transfronterizas en aire limpio y energía; si bien el convenio se centra en renovables y transporte, abre la puerta a protocolos compatibles de medición, reporte y verificación (MRV) y a cadenas de suministro para solventes, absorbentes y compresores necesarios para CCUS, especialmente en el cluster de Puerto Peñasco–Imperial Valley.
¿Qué nos dicen los números de 2024 en el terreno binacional? Primero, que la oferta de almacenamiento va detrás de la demanda: duplicar la capacidad global “en construcción” a >100 Mt/año no alcanza todavía para el volumen industrial de la frontera, pero sí crea el “primer piso” para descarbonizar cemento, acero, refinación y químicos sin fuga de inversión. Segundo, que la regulación manda el ritmo: con 130 solicitudes Clase VI a abril de 2024 y procesos de “primacía” estatal avanzando en Texas en 2025, el cuello de botella ya no es técnico, es administrativo. Tercero, que el financiamiento está: 45Q/IRA sostienen tickets bancables y offtakes voluntarios de grandes tecnológicas cubren la brecha de aprendizaje necesaria para bajar costo por tonelada.
Opinión para 2025: la ventaja competitiva de la frontera será política y metrológica, no sólo tecnológica. México necesita tres decisiones ejecutables: (1) homologar lineamientos de sitio, monitoreo y cierre con estándares Clase VI, integrando impacto social y agua subterránea para ganar aceptación comunitaria; (2) habilitar pilotos CCUS en cementeras y termoeléctricas existentes con ventanillas regulatorias “fast track” y garantías de desempeño; y (3) crear un esquema fiscal o de compra pública de remociones (p. ej., “Obra Pública Cero Neto”) que complemente los incentivos estadounidenses y evite deslocalización de producción. EE. UU., por su parte, debe acelerar permisos sin sacrificar transparencia—la lección de STRATOS es clara: cuando hay certidumbre, los offtakes llegan y el capital fluye. La cooperación California–Sonora ofrece un marco replicable para Baja California–California y Chihuahua–Nuevo México, donde universidades como UT Austin (GCCC) y ASU (CNCE) pueden aportar MRV, materialidad de riesgos y talento técnico para clusters compartidos.
El riesgo es creer que CCUS compite con renovables; no, complementa. La frontera seguirá necesitando acero, cemento y químicos mientras electrificamos y expandimos renovables. Sin CCUS, esos insumos “duros de abatir” migrarán a jurisdicciones con más incentivos—y con ellos los empleos. Con CCUS bien diseñado, la frontera puede pasar de ser sinónimo de chimeneas a emblema de innovación climática: capturar carbono donde se produce riqueza y guardarlo de forma segura bajo nuestros pies.
Escrito por: Editorial
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