La batalla silenciosa por el control de la ciudad: la IA ya gobierna

En 2025, la promesa de “ciudades inteligentes” dejó de ser un discurso aspiracional para convertirse en un terreno de competencia económica y política. La inteligencia artificial (IA) ya no es un accesorio tecnológico: es el nuevo sistema operativo urbano. Decide qué baches se atienden primero, qué rutas de transporte se ajustan en tiempo real, dónde se despliega seguridad, cómo se prioriza el agua en sequía y hasta qué trámites se aceleran para atraer inversión. El debate real no es si la IA llegará a los municipios, sino quién la controla, con qué reglas, y si sus beneficios serán públicos o quedarán capturados por proveedores, sesgos y opacidad.

Los avances de 2024 dejaron una lección incómoda para México: la adopción de IA en el tejido productivo aún es marginal. Los Censos Económicos 2024 señalan que solo 26,093 unidades económicas reportaron usar sistemas de IA, alrededor de 0.5% del total. Esa cifra revela una brecha estructural: si el sector privado adopta lentamente, el gobierno local —que depende de proveedores, talento y datos— enfrenta aún más fricción. En paralelo, el propio INEGI reportó señales de digitalización que avanzan, pero a ritmo insuficiente: entre 2018 y 2023 el porcentaje de establecimientos que vendían por internet subió de 1.6% a 2.8%. La ciudad inteligente requiere más que conectividad; necesita capacidades institucionales para comprar tecnología con criterios, gobernarla con transparencia y auditarla con rigor.

En Estados Unidos, 2024 mostró el lado opuesto del mismo dilema: adopción acelerada, pero ansiedad institucional. Una encuesta citada por StateScoop reportó que 48% de agencias estatales y locales usaban herramientas de IA a diario, frente a 64% en el nivel federal. El dato impresiona, pero también desnuda un riesgo: avanzar rápido no equivale a avanzar bien. En el ámbito municipal, otra señal de alerta llegó desde líderes de TI: 38% consideró que su gobierno local “no está preparado en absoluto” para usar IA de forma segura, con preocupaciones centradas en privacidad, seguridad y falta de habilidades. En pocas palabras: el problema dejó de ser “¿qué puede hacer la IA?” y se convirtió en “¿cómo evitamos que la IA rompa la confianza pública?”.

Dicho eso, las aplicaciones urbanas con IA ya son demasiado valiosas para ignorarlas. En movilidad, modelos predictivos optimizan semáforos, reducen congestión y priorizan transporte público. En agua, la IA detecta fugas, estima demanda por colonia y permite mantenimiento predictivo en redes envejecidas, un tema crítico en ciudades mexicanas con estrés hídrico. En seguridad y protección civil, los algoritmos cruzan reportes, clima, aforos y señales de riesgo para anticipar incidentes, aunque aquí la línea roja es clara: sin reglas, la vigilancia algorítmica puede escalar discriminación. En gestión administrativa, la IA automatiza ventanillas digitales, clasifica solicitudes y reduce tiempos de permisos, lo que impacta directamente el clima de inversión y la competitividad regional. El valor económico es evidente: la “ciudad” se vuelve una plataforma de eficiencia.

Pero 2025 añadió un ingrediente geopolítico y binacional: la soberanía tecnológica. En México, el discurso se movió hacia infraestructura, centros de datos y capacidades propias; iniciativas presentadas en 2025 alrededor de un “modelo de lenguaje nacional” y expansión de centros de datos reflejan que la IA ya se entiende como palanca de política industrial. En EE.UU., el péndulo se empuja por marcos de gestión de riesgos y gobernanza: NIST continúa posicionando lineamientos para medición y administración del riesgo en IA, clave para compras públicas y evaluación de sistemas. Y desde la academia y organismos nacionales, se insiste en que gobiernos estatales y locales adopten marcos como el AI RMF de NIST y herramientas municipales para no improvisar.

Con estas señales, 2025 se perfila como el año de “reglas y confianza”. Nueva York, por ejemplo, ha empujado guías y discusiones para el uso gubernamental de IA generativa, buscando alinear innovación con principios públicos. Este tipo de gobernanza anticipa lo que veremos en más ciudades: compras con cláusulas de auditoría, registros de algoritmos, evaluación de impacto y estándares mínimos de explicabilidad.

Mi opinión es que el gran reto de 2025 no será tecnológico, sino institucional y político. Primero, datos: sin interoperabilidad, calidad y ciberseguridad, la IA solo automatiza desorden. Segundo, talento: municipios compiten contra el sector privado por perfiles que entiendan datos, derecho digital y operación urbana. Tercero, compras públicas: si los contratos no exigen métricas, trazabilidad y derechos de auditoría, la ciudad queda cautiva del proveedor. Cuarto, legitimidad democrática: si la población percibe “cajas negras” tomando decisiones, el proyecto de ciudad inteligente se convierte en crisis de confianza. Quinto, brecha binacional: mientras EE.UU. normaliza el uso y discute regulación, México necesita acelerar capacidades locales para que la IA no sea solo importación, sino productividad, servicios públicos y desarrollo regional medible.

La IA ya está reescribiendo la vida urbana. La pregunta para México y EE.UU. no es si la ciudad será inteligente, sino si será justa, segura y gobernable.

Escrito por: Editorial

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