Código rojo en la frontera. Inteligencia o barbarie

La seguridad pública en México y Estados Unidos no es un tema de muros o discursos, sino de inteligencia útil, compartida y accionable. En 2025, ambos gobiernos dieron un giro al anunciar “Mission Firewall”, un paquete de cooperación que promete ampliar eTrace y la identificación balística a las 32 entidades de México, crear plataformas de intercambio en tiempo real y aumentar las investigaciones conjuntas contra el tráfico de armas que alimenta la violencia al sur del río Bravo. Es, por alcance y arquitectura, la iniciativa más ambiciosa de la era del Marco Bicentenario, y coloca al intercambio de información—no a los operativos espectaculares—en el centro de la estrategia.

El punto de partida es duro. México cerró 2024 con 33,241 homicidios, para una tasa nacional de 25.6 por cada 100,000 habitantes, un quiebre a la baja observada desde 2021 y un recordatorio de que la paz exige capacidad institucional sostenida. La cifra es oficial y proviene de INEGI, lo que otorga solidez estadística al diagnóstico. Aun así, el primer semestre de 2024 había mostrado la cuota semestral más baja desde 2017, con 15,243 homicidios; la evidencia sugiere que picos locales, violencia electoral y disputas criminales revirtieron la tendencia en la segunda mitad del año. Del lado estadounidense, el indicador más sensible es el fentanilo: CBP reportó casi 22,000 libras incautadas en el año fiscal 2024, una presión operativa que solo se sostiene si la información fluye entre agencias y países.

El 2025 arrancó con señales mixtas. Por un lado, extradiciones y entregas de perfiles de alto impacto—29 en febrero y posteriormente más traslados—demuestran que, cuando la cooperación se formaliza, los expedientes avanzan y los liderazgos criminales enfrentan cortes federales con evidencia binacional bien integrada. Por otro, la diplomacia de seguridad sigue exigiendo sensibilidad política y reglas claras de coordinación para que ningún actor sienta invadida su soberanía.

¿Qué cambia “Mission Firewall”? Primero, prioriza el insumo que más falta hace en ambos lados: trazabilidad de armas y balística con cobertura nacional en México, algo que permite unir casquillos, armas recuperadas y escenas del crimen con historiales de venta y tráfico al norte. Segundo, compromete a fiscalías, policías y aduanas a compartir, con estándares, lo que antes viajaba tarde o en silos. Tercero, instala una mesa de implementación con plazos y métricas, una deuda histórica en la cooperación bilateral. El impacto económico es directo: sin inteligencia creíble, el nearshoring se encarece por primas de riesgo, cadenas interrumpidas y municipios que pagan más por seguridad que por infraestructura.

Para capitalizar los avances de 2024 y estabilizar 2025, la cooperación debe moverse en tres planos. El político exige blindar la inteligencia de las coyunturas; la evidencia—desde Baker Institute y Harvard hasta el Mexico Security Initiative de UT Austin—señala que los acuerdos sobreviven cuando hay reglas de gobernanza, transparencia y controles democráticos sobre el uso de datos. Eso implica auditorías binacionales del ciclo de inteligencia (recolección, procesamiento, diseminación), salvaguardas de privacidad y protocolos de uso forense que den confianza a jueces y a la opinión pública.

El económico requiere medir lo que importa. En 2024, México avanzó en registros y bases públicas que permiten anticipar “hotspots” y seguir patrones de victimización; Estados Unidos, por su parte, expandió tableros abiertos de incautaciones que ayudan a orientar inspecciones y algoritmos de riesgo. La cooperación debe traducir esos datos en indicadores operativos binacionales: tiempo de respuesta a “hits” balísticos, días para procesar una solicitud eTrace, tasa de casos con evidencia compartida admisible y, sobre todo, tasa de esclarecimiento a nivel municipal. Solo con métricas comunes se podrá decir que la inteligencia reduce homicidios, no solo que produce reportes.

El tecnológico es el más retador. La promesa de IA para triage de llamadas anónimas, priorización de objetivos, fusión de placas vehiculares y análisis forense de imágenes depende de calidad de datos y de convenios de intercambio rápido. “Mission Firewall” abre la puerta a ese ecosistema si se integra, además, con análisis financiero: beneficiarios finales, facturación anómala y vínculos entre tráfico de armas y lavado. Ahí la inteligencia de seguridad debe hablar con la de haciendas locales y con las unidades de inteligencia financiera. Y ningún avance será sostenible si no se corta la oferta de armas: la lección de 2024–2025 es que sin trazabilidad masiva y presión regulatoria al norte, la curva de homicidios al sur seguirá reaccionando a la disponibilidad de rifles de asalto y municiones.

Cierro con los retos para el resto de 2025. Uno, institucionalizar la mesa de implementación con metas trimestrales públicas; la inteligencia necesita credibilidad política para sobrevivir cambios de gabinete. Dos, descentralizar capacidades: los municipios y estados fronterizos deben tener nodos técnicos para no depender solo de la capital. Tres, escalar la cooperación judicial: sin ministerios públicos capaces de litigar evidencia digital y balística, la inteligencia no llega a sentencia. Cuatro, blindar la cooperación ante fluctuaciones diplomáticas; el péndulo político no puede desactivar bases de datos cada dos años. Cinco, comunicar resultados con rigor—reducciones de tiempo de respuesta, decomisos vinculados a casos, extradiciones con evidencia compartida—para que la ciudadanía, y los inversionistas, vean que la inteligencia binacional no es un eslogan, sino la línea de flotación de la seguridad y la economía regional.

Escrito por: Editorial

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