Democracia a un clic. Cómo México y EE. UU. están reescribiendo la participación ciudadana en 2025

La participación ciudadana dejó de ser sinónimo de urnas y asambleas físicas. En 2024 maduró una infraestructura digital que hoy, en 2025, empieza a cambiar reglas de juego políticas, económicas y tecnológicas en México y Estados Unidos. La evidencia es contundente: en México, 83.1 % de las personas usó internet en 2024 y 73.6 % de los hogares tuvo acceso, aunque persiste una brecha urbano-rural de 86.9 % frente a 68.5 %. Este salto de conectividad es el cimiento invisible que permite consultas, presupuestos participativos y denuncias públicas en línea con trazabilidad y tiempos de respuesta más cortos.

Del lado estadounidense, la cultura cívica ya migró a pantallas: cerca de la mitad de los adultos (53 %) dice informarse a veces por redes sociales, lo que obliga a los gobiernos a “ir a donde está la gente” con plataformas verificables, datos abiertos y votaciones seguras. Nueva York ofrece una medida concreta del alcance: entre mayo y junio de 2024, casi 140 000 neoyorquinos votaron en línea y en persona para decidir 3.5 millones de dólares del presupuesto participativo “The People’s Money”. La lección no es el monto, sino la escala y la inclusión del canal digital para deliberar y decidir.

México, por su parte, está acelerando. En 2025 el gobierno federal lanzó una estrategia para digitalizar 80 % de los trámites y recortar a la mitad los tiempos de espera; a marzo, se reportó una reducción de 56 % en el catálogo de trámites federales y el despliegue de “Llave Mx” para identidad digital. No es un detalle administrativo: cada trámite que migra a la web abre una puerta para incorporar módulos de consulta pública, notificaciones de cambios regulatorios y tableros de desempeño que alimentan participación informada.

La arquitectura de plataformas también se diversificó. La Ciudad de México mantiene una plataforma electoral-participativa especializada, y los organismos garantes de transparencia siguen empujando la apertura de datos y procesos deliberativos. Aunque con tensiones institucionales, la demanda social es intensa: solo en 2024 se registraron poco más de un millón de solicitudes de información a través del sistema nacional, indicador de una ciudadanía que usa herramientas digitales para vigilar y exigir cuentas. En paralelo, municipios experimentan con presupuestos participativos digitales —como documenta la literatura reciente—, ampliando el repertorio local de participación.

En Estados Unidos, los planes estatales de “digital equity” muestran que invertir en inclusión digital genera derrames en participación cívica, educación y salud pública. Traducido a política municipal, significa que cada dólar en conectividad y alfabetización digital fortalece la voz de electores jóvenes y de comunidades históricamente excluidas, justo cuando el consumo de noticias y la deliberación se desplazan a plataformas.

El balance 2024-2025 sugiere tres efectos económicos. Primero, eficiencia: trámites y decisiones colectivos más rápidos reducen costos de cumplimiento para hogares y empresas, especialmente pymes transfronterizas que dependen de licencias y permisos municipales. Segundo, focalización: presupuestos participativos con datos abiertos permiten alinear gasto con necesidades barriales medibles, como seguridad vial o espacios públicos. Tercero, confianza: cuando la ciudadanía ve trazabilidad —de la propuesta al contrato— aumenta la legitimidad institucional y baja el “costo de transacción” político, condición clave para inversiones privadas en barrios y corredores logísticos. Los resultados de NYC con 140 000 votantes y la agenda mexicana de digitalización son, en esencia, políticas pro-productividad.

Sin embargo, 2025 no es un año de autopiloto. Los principales retos para que estas plataformas alcancen su potencial son cinco. El primero es cerrar la brecha digital con enfoque territorial: mientras 86.9 % de usuarios urbanos se conecta, en áreas rurales el 68.5 % limita la representatividad de consultas y presupuestos en línea; sin conectividad y habilidades, la e-democracia reproduce viejas exclusiones. El segundo es la interoperabilidad: sin que “Llave Mx” o equivalentes estatales se conecten con registros civiles, catastro y padrones sociales, las plataformas se vuelven islas. El tercero es la gobernanza de datos: participación masiva implica resguardar datos personales y publicar métricas de desempeño auditables, del tiempo de respuesta a la ejecución presupuestal. El cuarto es la integridad informativa: con 53 % de adultos en EE. UU. informándose por redes, las campañas de consulta deben blindarse con verificación, trazabilidad algorítmica y comunicación clara contra la desinformación. El quinto es la evidencia: los gobiernos deben medir impacto —no solo clicks—: cuántas decisiones cambian, qué tan equitativo es el voto digital y qué retornos sociales producen los proyectos financiados.

La agenda binacional para 2025 es pragmática: inversión en conectividad y alfabetización, identidad digital interoperable, estándares de datos abiertos, y metodologías de participación probadas (presupuesto participativo, audiencias regulatorias, observatorios ciudadanos) con métricas comunes a ambos lados de la frontera. Si la democracia del siglo XXI se juega en pantallas, la tarea de alcaldías y estados es simple y ambiciosa a la vez: llevar la voz ciudadana del “me gusta” al “se aprueba”. Los que lo logren atraerán inversión, reducirán costos y construirán confianza, ese activo que, como la banda ancha, multiplica todo lo demás.

Escrito por: Editorial

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