El “papelito” que está moviendo millones: hermanamientos que sirven… y los que solo exhiben al alcalde
- Editorial
- hace 1 hora
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En 2026, firmar un hermanamiento ya no debería ser un acto de cortesía internacional: es una decisión económica. En un contexto donde México depende fuertemente del comercio exterior y del ciclo binacional con Estados Unidos, los municipios que usan acuerdos interinstitucionales como herramienta de política pública pueden acelerar inversión, innovación y cooperación técnica; los que los tratan como foto para redes terminan con convenios “bonitos” pero inútiles.
Los números de 2025 confirman por qué el tema dejó de ser ornamental. México cerró con exportaciones récord por 664.8 mil millones de dólares, un avance de 7.6% anual, y más del 83% de esas ventas se dirigieron a Estados Unidos, lo que refuerza que la competitividad municipal está íntimamente ligada a la economía binacional. A la vez, las remesas cayeron 4.56% en 2025, su descenso más marcado desde 2009, una señal de vulnerabilidad para territorios donde el consumo local depende de ese flujo. En este tablero, los gobiernos locales necesitan instrumentos que conviertan relaciones internacionales en resultados medibles: acuerdos bien diseñados, con sustento jurídico y seguimiento real.
El punto de partida es entender que México sí tiene marco legal. La Ley sobre la Celebración de Tratados establece que regula tanto tratados como acuerdos interinstitucionales y abre la puerta a que entidades y municipios celebren convenios con contrapartes extranjeras u organismos internacionales dentro de sus atribuciones. Esto no es menor: implica que el municipio puede internacionalizarse sin invadir la política exterior federal, siempre que lo haga con orden, competencia material y coordinación institucional.
Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que en demasiados casos el “hermanamiento” se concibe como sinónimo de viaje, evento o placa conmemorativa. La evidencia académica y de política exterior muestra que los acuerdos interinstitucionales deben evaluarse por su diseño y su ejecución. Un referente útil es el análisis de Jorge A. Schiavon (CIDE) sobre la acción internacional local: con datos del Registro de Acuerdos Interinstitucionales se han identificado centenas de acuerdos, con una composición relevante entre hermanamientos y cooperación específica, y diferencias claras entre lo firmado por estados y por municipios. Ese hallazgo importa porque sugiere que el acuerdo, por sí mismo, no garantiza impacto: lo garantiza el “ecosistema” municipal que lo opera.
La oportunidad es enorme si se hace bien. Los socios comerciales de México en América del Norte exigen trazabilidad, cumplimiento y velocidad; en Europa, la cooperación suele abrir puertas en innovación urbana, transición energética, formación técnica y patrimonio; y en África, donde crecen los polos logísticos y las necesidades de infraestructura, los municipios mexicanos con experiencia en gestión hídrica, vivienda, movilidad o servicios pueden convertir cooperación técnica en posicionamiento económico. El hermanamiento, cuando es serio, funciona como “puente” para misiones de negocios, coinversión sectorial, transferencia tecnológica, intercambios universitarios y proyectos financiables.
Pero 2026 sube la vara. Se aproxima la revisión del T-MEC/USMCA prevista por el mecanismo del propio acuerdo, lo que incrementa la sensibilidad sobre reglas, controversias y certeza para la inversión. En términos prácticos, esto significa que los municipios que quieran atraer empresas integradas a cadenas regionales deberán demostrar algo más que entusiasmo: deberán mostrar expedientes listos, permisos claros, capacidad de coordinación y acuerdos internacionales que no sean “de saludo”, sino de implementación.
Aquí entra la parte de resultados medibles. Un acuerdo interinstitucional de nueva generación debería incluir metas verificables: número de empresas atendidas, cartera de proyectos con monto estimado, tiempos de instalación, intercambios técnicos ejecutados, capacitación certificable, pilotos tecnológicos desplegados y ahorros o mejoras en servicios públicos. El estándar ya no es “firmamos con X ciudad”, sino “qué cambió en mi municipio a los 6, 12 y 24 meses”. Si no hay indicadores, el convenio se vuelve gasto político.
La tecnología es el gran diferenciador. En 2026, la internacionalización municipal necesita una capa digital: registro interno de compromisos, tablero público de avances, trazabilidad documental, agenda compartida con cámaras empresariales y universidades, y mecanismos de rendición de cuentas. Esta lógica no solo mejora desempeño; también reduce el riesgo reputacional. Porque el mayor costo de los hermanamientos fallidos no es económico: es político. Cuando la ciudadanía percibe turismo gubernamental, la diplomacia local pierde legitimidad y se vuelve blanco fácil en tiempos de austeridad.
Mi opinión es que el gran reto para 2026 no es “firmar más”, sino firmar mejor. Primero, profesionalizar capacidades: oficinas internacionales con personal técnico y continuidad más allá del trienio. Segundo, alinear acuerdos con vocaciones productivas y necesidades críticas (agua, energía, movilidad, seguridad logística, talento). Tercero, blindar jurídicamente el proceso: competencia material, dictámenes, registro, transparencia. Cuarto, medir y comunicar resultados con disciplina, porque la economía binacional y la competencia global ya no perdonan improvisación.
En un México que en 2025 se sostuvo por exportaciones récord pero vio caer remesas, el municipio que convierta sus acuerdos en proyectos y sus proyectos en empleo tendrá ventaja. El que use el hermanamiento como escenografía, se quedará con el “papelito”… y sin futuro.
Escrito por: Editorial
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