Frontera que integra. La inclusión de migrantes ya mueve la economía y la cultura en 2024 y 2025 será decisivo
- Editorial
- hace 12 horas
- 3 Min. de lectura
En la frontera México–Estados Unidos, 2024 dejó una señal clara: los programas de integración bien diseñados no solo reducen vulnerabilidades, también generan valor económico y cohesión social. México cerró el año con 78,900 nuevas solicitudes de asilo, 44% menos que en 2023, manteniendo tasas de reconocimiento por encima de 60% y reduciendo el tiempo medio de resolución a 170 días gracias a la digitalización de COMAR. Pero el recorte de 97% en Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias restringió el acceso al trabajo formal y presionó albergues —en Ciudad de México hubo picos de 500% de ocupación— recordándonos que la inclusión depende tanto de política pública como de trámites viables.
El Programa de Integración Local (PIL) de ACNUR consolidó su papel como “motor” de inserción socioeconómica: casi 50,000 participantes en 2024 y 110,000 personas apoyadas para encontrar empleo en ciudades de integración, con más de 650 empresas contratando talento refugiado. Desde 2016, el total reubicado acumula cerca de 50,000 y en 2024 se sumaron casi 13,000 más; además, la Secretaría del Bienestar asumió el apoyo financiero inicial, un paso clave hacia la sostenibilidad fiscal del modelo. Estas alianzas ya generan cientos de millones de pesos en impuestos y, lo más importante, estabilizan trayectorias de vida.
En el corredor fronterizo norte, la tecnología está ordenando los flujos. La app CBP One permitió que más de 936,500 personas agendaran citas para presentarse en puertos de entrada de EE. UU. entre enero de 2023 y diciembre de 2024, reduciendo el rol de redes de contrabando y posibilitando derivaciones más seguras. En paralelo, los procesos de parole CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) facilitaron la llegada regular de 531,690 personas con controles previos y elegibilidad para permisos subsecuentes, lo que acelera su incorporación a comunidades receptoras.
El vínculo económico es tangible. Empresas en México reportan coberturas más rápidas de vacantes operativas cuando se coordinan con PIL y bolsas locales; del lado estadounidense, la demanda laboral en sectores clave sigue dependiendo de canales regulares y de verificación robusta. Pero E-Verify —el sistema de verificación de empleo— exhibe vulnerabilidades frente a robo de identidad, según revelaron investigaciones y redadas recientes, un punto ciego que deja a trabajadores y empleadores expuestos y que urge modernizar con biometría y mejor interoperabilidad de bases estatales.
La innovación institucional también avanzó en México: COMAR Digital ofrece trazabilidad del expediente y notificaciones, mientras que ACNUR y gobiernos locales ampliaron convenios con universidades y clínicas legales para asistencia jurídica y psicosocial; aun así, persisten barreras de banca y KYC (varios bancos no aceptan documentos migratorios), un cuello de botella que empuja a la informalidad y neutraliza los beneficios de la regularización. La solución: lineamientos regulatorios claros para la apertura de cuentas y identidades digitales verificables que conecten documentación migratoria con servicios financieros y seguridad social.
2025: dónde se juega el partido
El año abre con incertidumbre normativa en EE. UU. y con decisiones estatales que afectan el capital humano migrante; por ejemplo, en Texas una sentencia reciente contra el Texas Dream Act recortó beneficios educativos a jóvenes indocumentados, con impactos económicos proyectados por pérdida de salarios y menor productividad. En este entorno, los municipios fronterizos deberán blindar la empleabilidad temprana (clases de idioma, certificación de competencias, homologación rápida de títulos técnicos) y reforzar mecanismos de protección frente a la trata y la explotación laboral.
La agenda binacional inteligente para 2025 combina tres frentes:
Política: coordinar corredores de movilidad laboral (p. ej., el Mecanismo de Movilidad Laboral ampliado a EE. UU. y Canadá) con cupos transparentes y evaluaciones trimestrales;
Economía: incentivos a empresas que contraten refugiados formalmente y adopten métricas ESG que midan retención, productividad y salarios;
Tecnología: escalar COMAR Digital y CBP One con analítica de capacidad y verificación de identidad interoperable que reduzca fraude y acelere permisos. Si municipios, universidades (p. ej., COLEF y centros binacionales en Arizona) y sector privado sostienen esta arquitectura, 2025 puede convertir la inclusión en ventaja competitiva para las regiones fronterizas, diversificando cadenas de suministro, cultura y vida cívica.
La evidencia de 2024 sugiere que la integración temprana paga: menos presión humanitaria, más empleo formal y mayor recaudación. Pero sin documentos aceptados por bancos, permisos oportunos y rutas educativas, ese dividendo se erosiona. Toca a México y a Estados Unidos blindar lo que ya funciona —PIL, CBP One, alianzas empresa-universidad— y cerrar brechas regulatorias y tecnológicas. La inclusión no es concesión: es política industrial para la frontera.
Escrito por: Editorial
Comentarios