Frontera 2025. ¿Blindaje inteligente o caos económico?

El reto es doble y simultáneo: reducir el delito transfronterizo y sostener el mayor corredor comercial de América del Norte. En 2024, el intercambio de bienes entre México y Estados Unidos alcanzó $839.6 mil millones, mientras Laredo—el nodo por excelencia—procesó del orden de decenas de miles de cruces de camiones al día, con más de $331 mil millones en valor comercial anual por ese solo puerto. Cualquier política que desacelere el flujo legal terminará cobrándose en empleos, precios y confianza. Por eso, discutir infraestructura de seguridad fronteriza es, en realidad, discutir política industrial y logística binacional.

En el frente operativo, 2024 marcó un quiebre. Tras la proclamación presidencial del 4 de junio de 2024, las “encounters” cayeron 29% de mayo a junio y el promedio móvil de siete días bajó más de 50% a finales de ese mes. Fue el nivel mensual más bajo desde enero de 2021. El mensaje es claro: reglas ejecutivas más estrictas pueden modificar flujos en el corto plazo, pero requieren un andamiaje tecnológico y de gestión que las haga sostenibles sin colapsar los cruces lícitos.

Ese andamiaje está en construcción. El Congreso de EE. UU. y el DHS han empujado un salto tecnológico con torres autónomas de vigilancia (AST) y el programa integrado de torres IST, además de plataformas de “common operating picture”. Para 2025, los legisladores reconocieron explícitamente a las AST como multiplicadores de fuerza y asignaron recursos para expandirlas; y la solicitud presupuestal reciente establece metas de centenas de torres hacia 2026. La señal de política es nítida: sensores permanentes y analítica en tiempo real para cubrir brechas entre puertos de entrada.

Pero el lado menos glamoroso de la frontera está en los puertos de entrada. Una auditoría del Inspector General del DHS en 2025 encontró que, de 150 sistemas fijos de inspección no intrusiva (NII) comprados entre 2020 y 2024, solo 33%estaban instalados a la fecha de revisión, y que 46% de los equipos instalados tuvieron periodos prolongados fuera de servicio. Es decir, invertimos miles de millones en “escáneres” que aún no ofrecen su potencial completo. Si la mayor parte del fentanilo se incauta en los puertos o en checkpoints, la ecuación es obvia: más y mejor NII es seguridad real sin detener el comercio.

La presión del narcotráfico explica la urgencia. En FY2024, CBP incautó más de 19,600 libras de fentanilo (corte a agosto), marcando máximos históricos; y entre 2018 y 2024, más del 92% del fentanilo se decomisó en puertos de entrada o en puntos de control. Esta estadística derrumba mitos y reorienta prioridades: el corazón de la contención está en las garitas, donde tecnología, inteligencia y perfiles de riesgo rinden lo mejor.

Del lado mexicano, 2025 abrió con un giro geopolítico: para evitar un choque arancelario, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó desplegar 10,000 elementos en la frontera norte y coordinar acciones contra el tráfico de fentanilo, mientras Washington se comprometía a frenar el tráfico de armas hacia México. El despliegue, distribuyendo efectivos en municipios clave, ligó seguridad y comercio de manera inédita en la era T-MEC. La pregunta de fondo es su sostenibilidad fiscal y operativa en un año de presiones presupuestales y múltiples frentes de seguridad interna.

México, además, moderniza su infraestructura aduanera: equipos NII de nueva generación, laboratorios móviles y ampliación de escaneo orientado a carga y pasajeros. No obstante, los resultados de incautaciones muestran vaivenes. Mientras en 2019-2024 se desmantelaron centenares de laboratorios clandestinos, en 2024 cayeron los decomisos de fentanilo frente a 2023, lo que obliga a depurar métricas y blindar cadenas de custodia. En síntesis: hay inversión y despliegue, pero urge más trazabilidad y una medición homogénea entre dependencias para evitar sub-o sobre-registro.

¿Qué nos dejó 2024 en porcentajes y dónde ajustar en 2025? Primero, que reglas más estrictas redujeron temporalmente ingresos irregulares (–29% de mayo a junio; >–50% en la media semanal), pero que la efectividad depende de sostener inspecciones profundas donde ocurre la mayor parte de los decomisos. Segundo, que el combate al fentanilo requiere priorizar puertos de entrada, donde la evidencia indica que se captura la abrumadora mayoría del flujo ilícito. Tercero, que el aumento de AST/IST entre puertos debe ir acompañado de interoperabilidad de datos con aduanas mexicanas y control sur-norte de armas. Cuarto, que la frontera no es línea: es un ecosistema logístico donde un segundo adicional por camión se multiplica por miles de cruces diarios con impactos medibles en inflación y productividad.

Los retos para 2025 son tan políticos como técnicos. En EE. UU., la judicialización de medidas migratorias y de deportación mantiene una nube de incertidumbre operacional; en México, la militarización focalizada de la franja norte tendrá que convivir con prioridades de seguridad interior y con la profesionalización civil de aduanas. Del lado estadounidense, cerrar las brechas detectadas por la OIG en el despliegue y mantenimiento de NII es urgente; del lado mexicano, consolidar la modernización con indicadores públicos y auditorías cruzadas elevará la confianza del socio. Si ambos países alinean reglas, sensores y datos—y miden su éxito con indicadores compartidos (tiempos de cruce, % de carga escaneada, decomisos por modalidad, tiempos de reparación de NII)—la frontera puede volverse más segura y más rápida a la vez. Ese es el blindaje inteligente que la economía de $840 mil millones exige, sin atajos retóricos ni costos ocultos.

Escrito por: Editorial

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