Ellas mandan en la frontera. Paridad, tecnología y poder en la nueva política migratoria

La política migratoria entre México y Estados Unidos entró en 2025 con una paradoja: mientras México consolidó un liderazgo femenino sin precedentes —con Claudia Sheinbaum como primera presidenta—, del otro lado del Río Bravo una mujer, la secretaria de Seguridad Interna Kristi Noem, dirige el giro más restrictivo de la década. Esta tensión abre una oportunidad y un riesgo: o convertimos la frontera en un laboratorio de igualdad e inclusión, o la dejamos como línea de choque político.

El punto de partida de 2024 fue inédito. México cerró el año con Congreso en paridad real: 50.2% de diputadas y 50% de senadoras, producto de una arquitectura constitucional de cuotas que maduró en la última década. En contraste, el 119º Congreso de EE.UU. arrancó 2025 con 28% de mujeres; mejora histórica, pero aún lejos de la paridad y con implicaciones en comités clave que moldean presupuesto, seguridad y migración. La composición de quién legisla impacta qué se legisla, y el diferencial de representación se nota en la mesa binacional.

También hubo “innovación” operativa. En 2024, la app CBP One concentró la vía formal para pedir asilo en los puertos de entrada; de enero de 2023 a diciembre de 2024 se agendaron más de 936,500 citas y en meses típicos se procesaron ~44,000 personas con registro previo. En paralelo, el programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) permitió que, hasta octubre de 2024, más de 531 mil personas volaran con autorización y fueran admitidas con parole. Y, con apoyo académico y multilateral, las “Safe Mobility Offices” empezaron a canalizar refugiados y alternativas legales fuera de la línea fronteriza. Fue un experimento de “humanitarismo digital” con resultados dispares, pero medibles.

El viraje de 2025 reconfiguró el tablero. La administración Trump canceló CBP One para asilo y anunció la terminación del parole CHNV, dejando a cientos de miles en el limbo y empujando la presión de gestión a ciudades mexicanas y a tribunales estadounidenses. El cierre digital no borró la necesidad humanitaria; solo la desplazó hacia flujos irregulares o a litigios que, como en Tucson, ya frenan intentos de deportación expedita de menores no acompañados. La frontera se judicializó y municipalizó al mismo tiempo.

Ahí irrumpen liderazgos femeninos con enfoques distintos. En Washington, Kristi Noem —confirmada en enero— centraliza una agenda de control y cumplimiento; la discusión sobre debido proceso y cooperación local-estatal se intensificará bajo su batuta. En Tucson, la alcaldesa Regina Romero mantiene la línea de no convertir a la policía municipal en brazo migratorio y pide equilibrio entre convivencia comunitaria y decisiones federales. En la frontera mexicana, la gobernadora Marina del Pilar operó albergues de contingencia en Tijuana como parte del programa federal “México te abraza”, diseñado tras el anuncio de deportaciones masivas. La coordinación —o su ausencia— entre estas mujeres marca la diferencia entre crisis y gestión.

El vector económico refuerza la tesis de que la inclusión no es filantropía: es gobernanza inteligente. México cerró 2024 con un récord de 64,745 millones de dólares en remesas, 2.3% más que en 2023; son amortiguador social, capital de emprendimiento y ancla macro en regiones expulsoras de mano de obra. Medidas fiscales o administrativas en EE.UU. que encarezcan envíos, o redadas que siembren miedo, ya se reflejan en la volatilidad de 2025. Si la política binacional no incorpora esa variable con enfoque de género —hogares receptores, jefas de familia, cuidados—, perderá eficacia y legitimidad.

¿Qué nos dejó 2024 como base para 2025? Primero, evidencia de que la paridad mexicana sí “mueve la aguja” institucional: la Comisión Intersecretarial de Gestión Integral de Migración adoptó el “Modelo Mexicano de Movilidad Humana”, priorizando causas estructurales y coordinación territorial. Segundo, aprendizaje de que la tecnología sin garantías reproduce desigualdades: la brecha digital, la extorsión y el sesgo algorítmico pueden convertir apps en cuellos de botella. Tercero, el dato duro de que la ejecución importa: USCIS cambió de dirección en julio de 2025, y ese relevo reorienta capacidades en trámites, naturalización y asilos. Cuando los liderazgos femeninos sostienen una agenda basada en evidencia, las cifras mejoran; cuando se subordinan a reflejos punitivos, la presión regresa a albergues, cruces clandestinos y juzgados.

El potencial de las mujeres líderes en la política migratoria binacional dependerá de tres pactos concretos:

1. Uno, paridad “con dientes” en la cadena de implementación —desde cancillerías y agencias migratorias hasta fiscalías y cortes—, no solo en parlamentos.

2. Dos, interoperabilidad tecnológica con derechos: verificación biométrica y asignación de citas con auditorías públicas, datos abiertos y métricas de no discriminación.

3. Tres, federalismo transfronterizo pragmático: alcaldesas y gobernadoras de ambos países coordinando recepción, transporte, salud mental y vinculación laboral con cadenas productivas del T-MEC.

Si estos pactos se cumplen, 2025 puede ser el año en que la frontera deje de ser un péndulo político para convertirse en un ecosistema de movilidad segura, ordenada e inclusiva liderado por mujeres.

Escrito por: Editorial

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