El poder silencioso de la economía social entre México y Colombia
- Editorial
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México y Colombia están entrando en una etapa en la que la economía social dejó de ser un discurso periférico para convertirse en una pieza de estrategia. Ya no se trata solo de cooperativas, mutuales o cajas populares como instrumentos de contención social, sino de una arquitectura económica capaz de sostener empleo, integrar territorios y dar profundidad productiva en un momento en que América Latina vuelve a crecer poco y a invertir menos de lo necesario. El Banco Mundial ajustó este 8 de abril la previsión de crecimiento regional a 2.1%, por debajo del 2.4% observado en 2025, mientras la inversión sigue presionada por tasas altas, demanda externa débil e incertidumbre geopolítica.
En ese tablero, la cooperación México-Colombia importa más de lo que suele reconocerse. México enfrenta un entorno marcado por la incertidumbre comercial con Estados Unidos y por la necesidad de reactivar crecimiento con estabilidad macroeconómica; la OCDE prevé una expansión de 1.2% para 2026. Colombia, por su parte, mantiene una expectativa de crecimiento de 2.8%, aunque con inversión privada todavía contenida y un clima fiscal más frágil en plena transición política. Visto en conjunto, uno aporta escala manufacturera y acceso directo a Norteamérica; el otro, una plataforma andina y caribeña con mayor dinamismo en consumo, servicios y soluciones de inclusión financiera.
La economía social puede ser el puente entre ambos modelos. En México, el propio Registro Nacional de Cooperativas reporta 18,038 sociedades cooperativas y alrededor de 8.9 millones de personas asociadas. En Colombia, el sector solidario financiero elevó 37% sus excedentes durante 2025, una señal clara de fortalecimiento operativo en cooperativas, mutuales y fondos de empleados. No son cifras menores: revelan base social, músculo territorial y capacidad de intermediación en segmentos donde la banca tradicional sigue llegando tarde o llega cara.
Lo más relevante es que esta cooperación ya no puede leerse solo en clave latinoamericana. México necesita diversificar su red de proveeduría y su narrativa de desarrollo frente a socios de Norteamérica, Europa y Asia; Colombia necesita escalar productividad y conectar mejor su economía popular con cadenas globales. Ahí la agenda bilateral tiene sentido institucional: en 2025 ambos gobiernos acordaron reforzar la relación con prioridades como combate a la pobreza y la desigualdad, seguridad alimentaria, autosuficiencia sanitaria y cooperación técnica. Esa agenda, bien llevada, puede traducirse en clústeres binacionales de agroindustria, turismo comunitario, economía del cuidado, manufactura ligera y servicios digitales con impacto local y vocación exportadora.
Hay una razón adicional para mirar esta ruta con seriedad: la evidencia académica. Investigadores del Tecnológico de Monterrey han subrayado que la inclusión financiera tiene un efecto más fuerte en la reducción de la pobreza que en el crecimiento del PIB dentro de economías emergentes; además, identifican a la infraestructura financiera y cooperativa como variables decisivas. En paralelo, análisis de la UNAM sobre México y Colombia insisten en que la educación solidaria no es un adorno doctrinal, sino una condición para fortalecer políticas públicas, participación social y empresas con arraigo territorial. Dicho de otro modo: sin formación, gobernanza y profesionalización, la economía social no escala; con ellas, puede convertirse en política económica seria.
Colombia ya ofrece una pista tecnológica que México debería observar con atención. La puesta en marcha de Bre-B, el sistema interoperable de pagos inmediatos del Banco de la República, apunta a reducir fricciones, ampliar acceso y abaratar transacciones de bajo valor. Para cooperativas, micronegocios y organizaciones productivas, eso significa formalización más rápida y mejor trazabilidad financiera. Si México conecta su ecosistema cooperativo, sus finanzas sociales y sus programas territoriales con herramientas de pagos, crédito y datos, la cooperación con Colombia podría pasar del intercambio diplomático a la innovación institucional aplicada.
El verdadero punto de fondo es político. En un mundo donde Estados Unidos endurece señales comerciales, Europa revisa cadenas de suministro, Asia acelera tecnología productiva y África gana peso como frontera logística y demográfica, México no puede limitar su proyección a la manufactura de exportación ni Colombia a la extracción y los servicios tradicionales. La economía social, cuando se diseña con estándares de productividad, trazabilidad y financiamiento, permite algo más valioso: repartir mejor el valor sin expulsar competitividad. Esa es la clase de cooperación que vuelve más resistentes a los territorios y más confiables a los gobiernos locales.
El reto hacia 2026 es nítido. México deberá ordenar su marco de impulso a cooperativas, evitar dispersión institucional y vincularlas con compras públicas, tecnología y cadenas industriales. Colombia tendrá que resolver su tensión fiscal y política sin frenar la modernización del sector solidario ni castigar la confianza de inversión. Ambos países necesitan métricas comparables, financiamiento blended, plataformas digitales comunes y una diplomacia económica que lleve esta agenda a sus socios en los cinco continentes. Si no lo hacen, la economía social seguirá siendo una promesa simpática. Si lo consiguen, México y Colombia podrían demostrar que la inclusión también puede ser una estrategia de poder económico.
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Escrito por: Editorial