Democracia en la era digital, México y EE. UU. compiten por liderar la participación ciudadana en línea

Por décadas, la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales ha estado limitada por procesos burocráticos, baja alfabetización cívica y escasa accesibilidad. Sin embargo, el desarrollo de plataformas digitales está comenzando a transformar esta narrativa en ambos lados de la frontera. En 2025, tanto México como Estados Unidos enfrentan un punto de inflexión: la tecnología cívica ya no es una promesa del futuro, sino un instrumento presente y esencial para una democracia más ágil, incluyente y eficaz.

Durante 2024, se registró un incremento notable en el desarrollo e implementación de plataformas digitales enfocadas en la participación ciudadana. En México, de acuerdo con el INEGI y el Instituto Nacional Electoral (INE), el 38% de los municipios del país comenzaron a implementar mecanismos digitales de consulta pública, presupuestos participativos o sistemas de reportes ciudadanos. Esto representa un avance del 12% con respecto a 2023. Estados como Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Yucatán lideran la adopción de estas herramientas, integrando portales ciudadanos que permiten votar sobre obras públicas, denunciar fallas de servicios o proponer iniciativas desde teléfonos móviles. En Estados Unidos, el avance ha sido más robusto, pero también más desigual. Un estudio conjunto del Pew Research Center y la Universidad de Stanford encontró que en 2024, el 64% de las ciudades con más de 100,000 habitantes ya utilizaban plataformas digitales para procesos de presupuestación participativa, encuestas comunitarias o deliberación virtual, mientras que en zonas rurales este porcentaje apenas alcanzaba el 27%.

Ejemplos exitosos destacan en ambos países. En San Francisco, la plataforma "ParticipateSF" permitió en 2024 que más de 52,000 residentes colaboraran en la priorización del gasto en proyectos sociales y ambientales. En Guadalajara, el programa "Gobierno Abierto GDL" atrajo más de 70,000 interacciones ciudadanas en un solo año mediante módulos digitales que permiten votar sobre proyectos de obra pública y revisar contratos en tiempo real. Estas experiencias no solo han elevado los niveles de confianza institucional, sino que han mostrado una correlación positiva con la eficiencia en la ejecución presupuestal y la reducción de quejas ciudadanas.

Las universidades han jugado un papel clave. En México, el ITESO y el CIDE han impulsado investigaciones sobre la eficacia de las plataformas cívicas, mientras que en Estados Unidos, instituciones como MIT y NYU GovLab han desarrollado prototipos de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la moderación y representatividad de foros digitales. La colaboración entre gobiernos, academia y sociedad civil está marcando una diferencia crucial en la sofisticación y credibilidad de estas plataformas.

Sin embargo, el panorama no es completamente optimista. Los retos para 2025 son múltiples y complejos. En primer lugar, la brecha digital sigue siendo un obstáculo crítico. Aunque México registró una cobertura de internet del 78.6% en 2024, y Estados Unidos alcanzó el 93.2%, los niveles de calidad, asequibilidad y acceso a dispositivos aún excluyen a millones de personas, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. En segundo lugar, la ciberseguridad y la protección de datos emergen como desafíos prioritarios. Casos como la filtración de datos en plataformas municipales en Baja California o intentos de manipulación en encuestas ciudadanas en Texas han encendido las alarmas sobre la integridad de los procesos digitales.

Además, persiste una brecha de gobernanza digital. Muchos municipios carecen del personal técnico capacitado para mantener y evolucionar estas herramientas, y no existe una normatividad homologada que regule los mecanismos de participación digital en el ámbito local. Esto da lugar a plataformas fragmentadas, sin interoperabilidad ni mecanismos claros de rendición de cuentas. En el plano político, aún hay resistencia de algunas élites locales que ven en estas tecnologías una amenaza a sus estructuras tradicionales de poder.

Frente a este escenario, la oportunidad de 2025 radica en consolidar un modelo binacional de innovación democrática. México y Estados Unidos pueden avanzar juntos en la creación de estándares compartidos para plataformas cívicas, intercambio de buenas prácticas y desarrollo conjunto de tecnologías públicas. El T-MEC ha abierto la puerta para una cooperación digital más estrecha, y sería estratégico expandir este marco a la gobernanza participativa.

En conclusión, las plataformas digitales están revolucionando el contrato social. La participación ya no se limita a las urnas ni a las sesiones presenciales. Hoy, un ciudadano puede proponer, debatir y decidir desde su celular. Pero para que esta promesa no se convierta en privilegio de unos cuantos, gobiernos locales y federales deben invertir decididamente en conectividad, alfabetización digital y marcos legales sólidos. Solo así, la tecnología podrá cumplir su mayor promesa: hacer de la democracia un ejercicio cotidiano, accesible y verdaderamente representativo.

Escrito por: Editorial