Ciudades que excluyen, economías que pierden. El Reto de Construir Comunidades Urbanas Inclusivas en la Frontera
- Editorial
- 27 may
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En el siglo XXI, las ciudades ya no son simples aglomeraciones urbanas. Son nodos de intercambio económico, cultural y social donde el desarrollo sólo es sostenible si se construye desde la inclusión. Tanto en México como en Estados Unidos, las zonas urbanas de la franja fronteriza concentran oportunidades pero también desigualdades estructurales que siguen marginando a millones de personas: migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad, juventudes racializadas, mujeres jefas de hogar y población LGBTIQ+. El desarrollo económico que no incluye a estos sectores es, en esencia, un desarrollo fallido.
Durante el 2024, ambos países avanzaron en políticas de inclusión urbana, aunque con marcadas diferencias regionales. En Estados Unidos, ciudades como El Paso y San Diego aumentaron su inversión en programas de vivienda accesible e infraestructura universal, con un crecimiento del 12.3% en presupuestos asignados a urbanismo inclusivo, según datos del Urban Institute. En contraste, ciudades mexicanas como Tijuana y Ciudad Juárez incrementaron solo un 6.8% sus programas sociales de integración comunitaria, centrados sobre todo en subsidios alimentarios y becas educativas, de acuerdo con cifras del CONEVAL y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
En 2024, el 38% de la población fronteriza en México vivía en condiciones de rezago social moderado o alto, mientras que en la frontera sur de Texas el 27% de los residentes latinos reportaban dificultades para acceder a servicios médicos o educativos de calidad. Estas cifras no sólo reflejan inequidad; representan una pérdida económica potencial. De acuerdo con el Brookings Institution, las ciudades inclusivas generan entre 2.5% y 4% más crecimiento anual en PIB urbano que aquellas con modelos excluyentes, al maximizar la productividad de sus habitantes tradicionalmente marginados.
Los avances tecnológicos también han sido un eje clave en la inclusión urbana. En 2024, el 71% de las ciudades fronterizas estadounidenses integraron tecnologías de accesibilidad digital para trámites públicos, mientras que del lado mexicano apenas el 34% de los municipios incorporaron herramientas como intérpretes virtuales en lengua de señas o plataformas accesibles para personas con baja visión. Esta brecha tecnológica incrementa la exclusión y profundiza la desigualdad en la participación ciudadana.
Sin embargo, hay casos inspiradores. Nogales, Sonora, implementó el programa “Vecindarios Abiertos”, que combina urbanismo táctico con inclusión digital, y que ha beneficiado a más de 4,000 personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Del lado estadounidense, Laredo lanzó en 2024 su estrategia de movilidad urbana “MoveTogether”, que no solo rediseña rutas de transporte público, sino que ofrece subsidios cruzados para estudiantes, trabajadores agrícolas y personas con movilidad reducida.
La integración binacional también ha mostrado potencial. La iniciativa “Frontera Sin Muros Sociales”, respaldada por universidades como la UTEP y El Colegio de la Frontera Norte, logró en 2024 articular seis proyectos piloto en ciudades gemelas, enfocados en salud comunitaria, desarrollo juvenil y diseño participativo de espacios públicos. Estas colaboraciones han demostrado que la inclusión no es solo una meta moral, sino una estrategia inteligente para mejorar la gobernanza urbana en ambas naciones.
No obstante, los retos para 2025 son enormes. La persistencia de presupuestos fragmentados, la falta de coordinación interinstitucional y la resistencia política a reconocer la interseccionalidad de las exclusiones son algunos de los principales obstáculos. Además, el crecimiento acelerado de las zonas metropolitanas ha provocado gentrificación, desplazamiento forzado y aumento de la violencia en áreas vulnerables, fenómenos que agravan la segregación urbana.
Otro reto relevante es el de la inteligencia territorial: muchas ciudades aún carecen de datos desagregados por condición de discapacidad, identidad de género o estatus migratorio, lo cual limita la efectividad de las políticas públicas. Sin información precisa, la inclusión termina siendo una narrativa bien intencionada, pero poco operativa.
Para que en 2025 las ciudades fronterizas de México y Estados Unidos puedan convertirse en verdaderos motores de desarrollo inclusivo, será necesario redefinir prioridades políticas, invertir en soluciones tecnológicas con perspectiva de derechos y fortalecer alianzas entre gobiernos locales, universidades y organizaciones civiles. La inclusión no es un lujo progresista: es un prerrequisito económico, democrático y social para que nuestras urbes prosperen con justicia.
Escrito por: Editorial
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