Baja California verde o fuera del juego. Cómo las ESR están redefiniendo la frontera
- Editorial
- 18 ago
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La conversación empresarial en Baja California ya no es sólo costos y logística: es licencia social para operar en la región binacional más integrada del continente. En 2024, México cerró con 2,320 empresas con Distintivo ESR®, una cifra prácticamente estable respecto a 2023, lo que confirma que la responsabilidad social dejó de ser moda para convertirse en requisito de competitividad. En el plano local, al menos ocho grandes compañías con operaciones en el estado aparecieron en la lista 2024 del CEMEFI, todavía un universo pequeño frente a gigantes como CDMX o Nuevo León, pero suficiente para marcar estándares en cadenas de suministro transfronterizas.
El contexto económico ayuda a explicar por qué importa. En 2024, el indicador de actividad estatal (ITAEE) creció 2.9% anual en el 2T, con la manufactura aportando más de un tercio del PIB estatal y las exportaciones a Estados Unidos sumando cerca de 54,800 millones de dólares, evidencia de la profundidad del acoplamiento Cali-Baja. ese engranaje, la industria maquiladora de la Zona Costa —Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada— agrupa alrededor de 1,700 plantas y más de 400 mil empleos directos, lo que convierte a cualquier estándar ESR en un multiplicador regional de buenas prácticas laborales y ambientales.
Los modelos que mejor están funcionando combinan tres vectores:
Primero, descarbonización con inversión real. En 2024, Sempra Infrastructure anunció Cimarrón (tercera fase del complejo eólico Energía Sierra Juárez) con 319–320 MW en Tecate y un contrato a 20 años con Silicon Valley Power; su entrada en operación se prevé hacia finales de 2025. Es el símbolo de una frontera que exporta energía limpia además de bienes manufacturados.
Segundo, salud pública transfronteriza como métrica ESR. Universidades de EE. UU. y México han escalado la investigación sobre el impacto del saneamiento fronterizo en aire y agua; en 2024 SDSU obtuvo financiamiento para medir efectos de la contaminación del Río Tijuana, y en 2025 nuevos hallazgos reforzaron la urgencia de soluciones binacionales. Las empresas que operan en la zona ya no pueden alegar que esto es “tema de gobierno”: es una variable material de riesgo.
Tercero, gobernanza académica-empresarial. CETYS y UABC han institucionalizado la sostenibilidad como eje formativo y de vinculación, alineando prácticas con los ODS y programas de reciclaje y economía circular en campus y con empresas ancla.
¿Qué nos dicen los números de 2024 sobre avances concretos? A nivel nacional, el universo ESR se mantuvo prácticamente plano (-0.04% vs. 2023), pero en Baja California se observa una calidad de inversión creciente: el pipeline renovable de 300+ MW en Tecate, la formalización de estándares laborales en plantas orientadas a exportación y la consolidación de clústeres (automotriz, dispositivos médicos y aeroespacial) que incorporan objetivos de energía y agua en sus tableros de control. En paralelo, Tijuana EDC reportó que el estado se ubicó entre los tres principales receptores de IED en 2024 y que el 62.9% se dirigió al sector automotriz, donde los compradores estadounidenses están presionando por trazabilidad de emisiones (Alcance 3). La señal al resto del mercado es clara: la ESR ya conversa con taxonomías de finanzas sostenibles y con requisitos de clientes en California.
También hay contradicciones que una ESR madura debe asumir. La caída de empleo manufacturero a finales de 2024 expuso la vulnerabilidad de las plantas menos productivas; y la persistencia de episodios de contaminación transfronteriza muestra que el cumplimiento mínimo no alcanza para sostener reputaciones en la era de la evidencia científica y la transparencia digital. La respuesta empresarial más inteligente ha sido migrar de “programas sociales” a gestión de riesgos ESG integrada al negocio: eficiencia energética y contratos de renovables; certificaciones laborales y de seguridad; alianzas con academia para validar indicadores; y reportes que dialogan con expectativas de California y con el TMEC.
De cara a 2025, el reto es pasar de casos de éxito a masa crítica. Propongo tres prioridades:
Uno, cerrar brechas de infraestructura ambiental con financiamiento mixto: si la región puede levantar 550 millones de dólares para un parque eólico, también puede orquestar vehículos similares para saneamiento y reúso de agua, con participación de empresas ancla como compradoras de servicios ambientales.
Dos, convergencia regulatoria: alinear reportes ESR con marcos de California (p. ej., exigencias de divulgación climática) para reducir costos de cumplimiento y proteger acceso a mercados. Aquí la mesa Cali-Baja que convoca UC San Diego y la Secretaría de Economía e Innovación puede acelerar estándares comunes.
Tres, productividad con transición justa: automatización y digitalización de pymes proveedoras, formación dual y upskilling con CETYS/UABC para que el empleo de calidad no sea la excepción sino la norma, fortaleciendo cadenas locales en vez de importar todo el valor agregado.
Baja California tiene el talento, la base industrial y la vecindad con el mayor mercado verde del mundo. Si las ESR de hoy se convierten en estándar de toda la cadena, la región no sólo mitigará riesgos: liderará la competitividad binacional del nearshoring con un sello de sostenibilidad verificable. La alternativa (seguir operando “como siempre”) ya no existe en una frontera auditada por ciudadanos, universidades y compradores a ambos lados del muro.
Escrito por: Editorial
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