¡Aulas en modo turbo! El pacto universidad-empresa que puede darle a MX-EE.UU. la ventaja en 2025
- Editorial
- hace 18 horas
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La frontera de la competitividad ya no es geográfica: es la velocidad con la que el conocimiento cruza del laboratorio al mercado. En 2024, las cifras cuentan una historia clara. Estados Unidos mantuvo su intensidad de I+D por encima del 3% del PIB y cerró 2022 con US$892 mil millones en gasto en I+D; las estimaciones para 2023 lo elevan a US$940 mil millones, con el sector empresarial como motor del 78% del gasto y las universidades aportando 11% del esfuerzo total. Es un recordatorio contundente de que la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico son un juego de ecosistemas, no de solistas.
Ese músculo se tradujo en resultados tangibles de transferencia tecnológica: según el Licensing Survey de AUTM, en 2023 la investigación universitaria en EE.UU. impulsó 714 productos nuevos en el mercado, junto con decenas de miles de divulgaciones de invención y miles de licencias, una señal de que la tubería entre aulas y empresas sigue fluyendo pese a recortes y presiones presupuestales.
México, por su parte, enfrentó 2024 con una brecha clásica: baja inversión en I+D y grandes expectativas por el nearshoring. Los últimos datos comparables sitúan el gasto nacional en I+D alrededor de 0.27–0.27% del PIB (2022–2023), muy lejos del estándar estadounidense, pero con señales de reordenamiento institucional: el presupuesto federal para ciencia y tecnología de 2024 representó 0.51% del gasto federal, con 75% dirigido a CONAHCYT, fortaleciendo becas y capacidades de investigación. Estas cifras no resuelven solas el rezago, pero sí enmarcan una ventana para rediseñar la vinculación con la industria.
A nivel estatal, la colaboración universidad-empresa está dejando huella. Jalisco consolidó el Tech Hub Act como política que articula talento, incentivos e infraestructura; en junio de 2024 anunció MXN 1,800 millones para su Sistema de Educación Tecnológica, con el objetivo de sincronizar formación, centros y clusters empresariales. El mensaje es claro: si la política pública alinea a academia y empresa, el retorno llega vía inversión y empleabilidad.
En innovación protegida, 2024 trajo señales alentadoras: el IMPI reportó más de 10,300 patentes otorgadas en el año, 657 de titulares mexicanos—una marca histórica—y la UNAM recibió el Premio IMPI a la Innovación Mexicana, reflejo de un pipeline que, cuando encuentra socios industriales, puede escalar más rápido. Falta convertir ese 6% de patentes nacionales en contratos, licencias y startups de alto valor.
Del lado estadounidense, 2025 abrió con un golpe de timón que importa a todo Norteamérica: Arizona State University fue seleccionada como sede de un nuevo centro nacional del ecosistema CHIPS para empaque avanzado y prototipado, decisión que consolida a Phoenix como polo de manufactura y a sus universidades como bisagra entre fábricas y proveedores. Para México, vecino inmediato y socio del T-MEC, esto se traduce en oportunidades concretas de cadenas de suministro y programas compartidos de talento.
¿Dónde está, entonces, la ventaja binacional? En empatar tres relojes: el político, el económico y el tecnológico. En política pública, 2024 mostró que los estados mexicanos con políticas de innovación activas—Jalisco, Nuevo León, Sonora—avanzan más cuando crean mecanismos de cofinanciamiento y simplifican la compra pública de innovación para universidades y pymes tecnológicas. En economía, la evidencia de EE.UU. confirma que la empresa es la gran demandante de I+D; si México quiere capturar mayor derrama del nearshoring, necesita contratos de prueba de concepto, laboratorios compartidos y oficinas de transferencia con metas de ingresos por licencias, no solo de patentes concedidas. En tecnología, la ventana 2025 estará en semiconductores, salud digital y energía limpia: justo donde las universidades ya investigan y las empresas requieren prototipos rápidos y talento especializado.
El balance de 2024 deja porcentajes y lecciones: con 3.4% de intensidad de I+D, EE.UU. demostró que la escala importa cuando está orquestada; con ~0.27% del PIB en México, la clave es focalizar cada peso en consorcios público-privados con métricas de transferencia (licencias firmadas, startups nacidas de laboratorio, contratos empresariales) y en plataformas estatales que alineen currículos a vacantes reales. La colaboración transfronteriza ya existe—Arizona tejió MOUs universales y técnicos en 2024 para acelerar la manufactura de semiconductores—pero en 2025 debe moverse del memorándum al pedido de compra: lotes piloto fabricados en México con validación de calidad en laboratorios estadounidenses, y viceversa.
Mi pronóstico para 2025: ganará quien convierta la colaboración universidad-empresa en política industrial con plazos trimestrales. Para México, la oportunidad es amarrar fondos estatales y federales a resultados de mercado (clientes, no solo papers) y usar marcos como el Jalisco Tech Hub Act para cerrar la brecha entre aula y fábrica. Para Estados Unidos, el reto es evitar el “valle de la muerte” entre fondos CHIPS y producción, multiplicando laboratorios-fábrica y credenciales técnicas exprés con socios mexicanos. En ambos lados, la métrica del año no será el número de convenios, sino el porcentaje de prototipos que llega a contrato en menos de 12 meses. Si lo logramos, 2025 podría ser recordado como el año en que el conocimiento dejó de quedarse en PDF y se volvió factura.
Escrito por: Editorial
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