Agua al filo de la frontera. ¿Crisis o plataforma de innovación binacional?
- Editorial
- 1 sept
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La frontera México–Estados Unidos vive un punto de inflexión hídrico. En 2024, el sistema del Colorado operó con recortes y ahorros extraordinarios que estabilizaron momentáneamente a Mead y Powell, pero sin resolver el “déficit estructural” del río. El acta vigente entre ambos países (Minute 323) mantuvo la cooperación y, para 2024, implicó para México una reducción de 50,000 acre-pie —aprox. 5%— y una contribución adicional de 30,000 acre-pie al lago Mead, parte de un esfuerzo trinacional en la cuenca baja para ahorrar hasta 3 millones de acre-pie a 2026. Estos ajustes mitigaron riesgos inmediatos, aunque con costos políticos y económicos desiguales en ambos lados.
Mientras tanto, 2024 dejó una fotografía severa en el Río Bravo/Rio Grande: las presas binacionales Amistad y Falcón rozaron mínimos históricos y, en la parte baja del valle texano, el almacenamiento cayó por debajo de 15%, detonando la clausura del último ingenio azucarero de Texas y pérdidas agrícolas multianuales. A 1 de septiembre de 2025, Falcón apenas ronda el 15% de su capacidad, lo que confirma la fragilidad de la recuperación pese a mejores lluvias de este año.
El año 2024 también aceleró debates regulatorios y tecnológicos. El Buró de Reclamación actualizó el proceso para las reglas post-2026 que definirán décadas de operación en Powell y Mead, y en 2025 el Departamento del Interior anunció decenas de acuerdos de conservación de corto plazo mientras prepara el borrador de Impacto Ambiental antes de finalizar el año. La señal es clara: el régimen de escasez seguirá, con probabilidad de escalar a recortes más severos en 2026 si no aumentan caudales o ahorros.
En el capítulo sanitario, la cooperación dio un vuelco histórico en 2025 al pactarse una hoja de ruta y financiamiento para reducir drásticamente los flujos de aguas residuales del río Tijuana hacia California, incluyendo la expansión de la planta de South Bay de 25 a 35 mgd y mejoras aceleradas en Tijuana. A finales de julio, los gobiernos anunciaron la expansión de 10 mgd concluida en “100 días”, con el objetivo de eliminar hasta 90% de descargas sin tratar en la costa. La ambición es enorme; el reto, sostener cronogramas y operación a largo plazo de ambos lados.
Las universidades han sido bisagra técnica. El Water Resources Research Center (Universidad de Arizona) y el USGS encabezaron la evaluación binacional de acuíferos —como San Pedro—, generando mapas y métricas compartidas que hoy sirven de base para reglas de intercambio y monitoreo conjunto. En 2025, la comunidad académica y de política pública en Arizona y Sonora volvió a poner sobre la mesa instrumentos para aguas subterráneas transfronterizas, clave ante la aridificación.
En 2024 también avanzó la “tecnología como seguro”. El Paso rompió paradigmas con el inicio de obra de su planta de reutilización potable directa —hasta 10 mgd hacia 2028—, mientras otras ciudades del suroeste expanden medición inteligente, modelos de evapotranspiración por satélite y tarifas por bloques crecientes. Para la franja Tijuana–San Diego, la combinación de ampliaciones de tratamiento, desvíos y control en tiempo real es la apuesta para transformar un pasivo sanitario en resiliencia costera.
Políticamente, 2025 encendió reflectores sobre el Tratado de 1944. Texas intensificó la presión por los adeudos del actual ciclo quinquenal, mientras datos recientes muestran un repunte de entregas mexicanas en 2025 tras la severidad de 2023–2024. Aun así, la gobernanza de entregas, los calendarios y la sequía multianual mantienen alto el riesgo de tensiones diplomáticas y litigios internos. La capacidad de traducir compromisos en flujos efectivos —sin desestabilizar cuencas agrícolas en Chihuahua, Coahuila o Tamaulipas— será prueba de fuego para la relación bilateral.
Mi diagnóstico para 2025 es doble. En el Colorado, el margen de maniobra depende de institucionalizar ahorros de “sequía permanente” y de un paquete post-2026 que reparta reducciones según realidad hidrológica y eficiencia, no solo historia de derechos; la economía regional —de Imperial a Mexicali— requiere certidumbre para invertir en tecnificación y reconversión productiva. En el Bravo, urge blindar el resto del ciclo con calendarios verificables y un plan de recuperación de presas que priorice agua urbana esencial y cultivos de alto valor, al tiempo que se habilitan instrumentos de intercambio flexible y compensaciones binacionales. La oportunidad está en el puente tecnología-gobernanza: reutilización potable directa, control de pérdidas y monitoreo común de acuíferos —con datos abiertos— pueden convertir la frontera en laboratorio global de seguridad hídrica. Si 2024 demostró que los porcentajes importan —5% menos para México en el Colorado, 3 millones de acre-pie de metas de ahorro, presas del Bravo por debajo de 15%—, 2025 debe demostrar que la cooperación convierte cifras en resiliencia, con reglas claras, plazos exigibles y financiamiento estable a ambos lados del límite.
Escrito por: Editorial
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