Turismo sin barreras en la frontera. El negocio de la inclusión que no puede esperar
- Editorial
- 14 ago
- 3 Min. de lectura
El turismo accesible dejó de ser un gesto de buena voluntad: es una política pública con retorno económico inmediato. En Estados Unidos, los viajeros con discapacidad gastan cerca de 50 mil millones de dólares al año y, entre 2022 y 2024, 25.6 millones de personas realizaron 77 millones de viajes; si sumamos acompañantes, el impacto supera los 100 mil millones. Este mercado no es de nicho y premia a los destinos que invierten en infraestructura, información y transporte accesibles.
El balance regulatorio de 2024 dejó una huella clara al norte de la frontera. El Departamento de Justicia de EE. UU. publicó la regla final de la ADA (Título II) que obliga a gobiernos estatales y locales a asegurar que sus sitios web y apps sean accesibles bajo WCAG 2.1 AA, un cambio que alcanza a oficinas de turismo, museos y sistemas de transporte municipal: sin accesibilidad digital, la accesibilidad física se vuelve invisible. Los plazos de cumplimiento, que inician en 2026 dependiendo del tamaño de la entidad, presionan a modernizar portales de reservaciones, calendarios culturales y mapas de movilidad.
En el espacio público, el Departamento de Transporte de EE. UU. cerró 2024 con una regla final que establece estándares obligatorios para la accesibilidad peatonal en la vía pública: rampas, cruces, señalización táctil y senderos multiuso. Para ciudades fronterizas—de Brownsville a San Diego—esta norma es una guía vinculante para corredores turísticos que conectan aeropuertos, estaciones de autobús y distritos históricos.
México también dio pasos medibles durante 2023–2024. La Secretaría de Turismo reforzó su esquema de certificación y, en ese periodo, emitió 36 “Sello Turismo Incluyente” a prestadores de servicios, además de mantener un catálogo de productos y servicios turísticos accesibles. Aunque la cifra aún es modesta frente al tamaño del país, marca una línea base pública para que estados y municipios compitan por atraer a un visitante con mayor estadía promedio y demanda de servicios especializados.
El andamiaje técnico mexicano existe: la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006 fija criterios para que los espacios de atención al público sean accesibles (pendientes máximas, anchos de paso, sanitarios y señalización) y sirve de referencia operativa para hoteles, restaurantes, playas y museos. La tarea ahora es llevar esa norma al terreno municipal con inspecciones periódicas y compras públicas que premien a proveedores que cumplan con diseño universal.
La economía política de la accesibilidad es contundente. En 2024, además del movimiento normativo, hubo cumplimiento y sanción: el DOT impuso una multa histórica a una aerolínea por fallas sistemáticas en la atención a pasajeros con discapacidad y en el manejo de sillas de ruedas, señal de que la inclusión también se protege con supervisión y consecuencias. Para destinos de ambos países, esta señal reduce riesgos reputacionales y jurídicos si se invierte a tiempo en protocolos, capacitación y monitoreo.
La frontera ofrece oportunidades inmediatas. Primero, infraestructuras “sin costura” en pasos peatonales y BRT transfronterizos: rampas continuas, bandas podotáctiles y señalización auditiva multilingüe desde el puerto de entrada hasta las zonas hoteleras. Segundo, playas y áreas naturales con pasarelas modulares, sillas anfibias y sanitarios accesibles; la experiencia de certificaciones ambientales puede integrarse con estándares de accesibilidad para elevar la competitividad de destinos como Rosarito–San Diego o Matamoros–South Padre Island. Tercero, accesibilidad digital binacional: portales espejo que compartan datos de accesibilidad en tiempo real (elevadores fuera de servicio, rutas alternativas, disponibilidad de cuartos adaptados) bajo principios WCAG y con APIs abiertas para desarrolladores locales.
Mirando 2025, el reto no es inventar nuevas reglas sino ejecutarlas con disciplina fiscal y métricas públicas. En Estados Unidos, condados y ciudades deben presupuestar auditorías WCAG y priorizar corredores turísticos en sus planes de capital—curbs y cruces accesibles dan beneficios medibles en seguridad vial y atracción de eventos MICE. En México, la meta debe ser multiplicar por cinco los “Sello Turismo Incluyente” en doce meses, insertar la NMX-R-050 en reglamentos de construcción municipales y establecer verificaciones anuales de hoteles y atractivos clave. Ambos países necesitan datos comparables: conteos de puntos con accesibilidad certificada, tiempos de traslado accesible entre nodos turísticos y tasas de satisfacción de visitantes con discapacidad; sin esa línea base, no hay política pública que escale.
La ecuación es sencilla: cada peso o dólar en infraestructura accesible se traduce en estadías más largas, mayor gasto por día y reputación de destino hospitalario. La frontera puede liderar si gobierna con datos, compra con estándares, publica su avance trimestral y trata la accesibilidad como lo que es: un derecho y un gran negocio. 2025 debería ser el año en que los alcaldes midan, financien y entreguen resultados binacionales verificables.
Escrito por: Editorial
Comentarios