La paz que paga

En México, la prevención del delito dejó de ser un tema exclusivo de seguridad pública: hoy es una variable de competitividad, atracción de inversión y estabilidad social. En un entorno donde el país presume un comercio récord con Estados Unidos de 873 mil millones de dólares en 2025 y captó alrededor de 41 mil millones de dólares de inversión extranjera, el mensaje para sus socios comerciales en América, Europa, Asia, África y Oceanía es claro: no basta con producir más, también hay que garantizar territorios más previsibles, ciudades más habitables y gobiernos locales capaces de contener la violencia sin normalizarla.

Hay avances que merecen atención. De acuerdo con cifras preliminares citadas por Reuters, el promedio diario de homicidios en México bajó de 86.9 en septiembre de 2024 a 52.4 en diciembre de 2025, una caída cercana a 40%. Además, la tasa nacional de homicidio de 2025 fue de 17.5 por cada 100 mil habitantes, la más baja desde 2015. Pero el mismo reporte advierte que la violencia sigue muy concentrada: siete estados concentran poco más de la mitad de los homicidios del país. Es decir, la mejoría nacional existe, pero todavía no se traduce en una paz homogénea ni en una certidumbre territorial suficiente para el desarrollo económico.

Ahí aparece el verdadero desafío: la paz no se mide solo en cadáveres menos visibles, sino en miedo menos cotidiano. La ENSU del INEGI reportó que en diciembre de 2025 el 63.8% de la población urbana consideró insegura su ciudad, mientras solo 29.9% percibió a su gobierno municipal como efectivo para resolver los principales problemas. El dato es brutal porque revela la distancia entre la estadística de control y la experiencia ciudadana. Si la población sigue modificando rutas, horarios y hábitos por temor, la economía local también cambia: cae la vida nocturna, se reduce el uso del espacio público, sube el costo logístico y se deprime el consumo de proximidad.

La ENVIPE refuerza esa lectura. En 2024, 23.1 millones de personas de 18 años o más fueron víctimas de algún delito y 29% de los hogares tuvo al menos una víctima. En 2025, la inseguridad fue señalada como la principal preocupación nacional por 64.2% de la población. Más grave aún: la cifra negra siguió siendo devastadora; la extorsión tuvo un subregistro de 97% y el secuestro de 98.1%, mientras en 39.2% de las carpetas iniciadas “no pasó nada”. Cuando denunciar parece inútil, la cultura de paz se vacía y el delito gana legitimidad práctica.

Por eso la prevención del delito no puede seguir reducida a patrullas, retenes o despliegues extraordinarios. La propia UNAM insiste en que la prevención social debe construirse con enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, desarrollo comunitario y educación para una cultura de paz. Sus programas académicos y laboratorios territoriales parten de una idea central: prevenir violencia exige intervenir sus causas, no solo administrar sus efectos. Harvard, en un análisis sobre Monterrey, ha descrito cómo el miedo reorganiza la vida cotidiana, aísla a unos, concentra recursos en otros y profundiza la desigualdad. La inseguridad, entonces, no solo mata; también redistribuye oportunidades a favor de quienes pueden pagar protección.

Ese punto importa para la economía internacional. La OCDE sostiene que el crimen sigue siendo una gran preocupación para empresas y ciudadanía en México, y estima que recorta el crecimiento en alrededor de 1 a 2 puntos porcentuales al año. Su encuesta económica de 2026 añade algo aún más revelador: mejorar el Estado de derecho y reducir la corrupción podría elevar el PIB real per cápita de México 3.1% en diez años y 13.5% en treinta. El FMI, por su parte, ha señalado que si América Latina redujera el crimen al promedio mundial, su crecimiento anual aumentaría 0.5 puntos porcentuales; y en su documento de 2026 advierte que, en países donde la preocupación por el crimen está más arraigada, un shock delictivo puede bajar el PIB cerca de 1% en los años posteriores y hasta 2% en un horizonte de cinco años.

Las señales de esta coyuntura son contradictorias. Mientras el Gobierno mexicano presume golpes recientes contra la extorsión, como la detención de 102 personas y el aseguramiento de 192 inmuebles en el Estado de México, el propio debate público reconoce que ese delito se había incrementado 23.1% entre 2019 y 2025. Al mismo tiempo, la cercanía del Mundial 2026 ha vuelto a poner la seguridad mexicana bajo reflector internacional, con advertencias de organizaciones de derechos humanos sobre los riesgos de militarización y abuso. Eso obliga a pensar mejor: la paz que atrae inversión no puede construirse a costa de confianza ciudadana, porque una seguridad sin legitimidad también espanta capital.

El reto para 2026 es convertir la contención en transformación. México necesita policías locales más sólidas, más justicia cívica, más inteligencia financiera, más tecnología útil y menos espectáculo punitivo. El Censo de Gobiernos Municipales mostró que solo 508 municipios contaban con juzgados cívicos formalmente constituidos en 2024; además, la tasa nacional de policías municipales fue de apenas 1.3 por cada mil habitantes. Sin ese piso institucional, la cultura de paz corre el riesgo de quedarse en discurso. Y sin cultura de paz, la prevención del delito no será una estrategia de desarrollo, sino apenas una tregua estadística.

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Escrito por: Editorial

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