Jalisco – Texas, del silicio al agave. El eje que puede blindar el nearshoring en 2025
- Editorial
- 18 ago
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En 2024, la relación comercial México–Estados Unidos alcanzó los 839,600 millones de dólares en bienes; las exportaciones estadounidenses a México crecieron 3.2% y las importaciones desde México 6.9%. En ese tablero, Texas es la bisagra: procesó cerca del 66% de todo el comercio bilateral por la frontera y se mantuvo como el mayor exportador estatal del país, con 455,000 millones de dólares enviados al mundo. Laredo coronó el año como el puerto número uno de Estados Unidos por valor de comercio, con alrededor de 339,000 millones de dólares. Estas tres cifras explican por qué un acuerdo binacional Jalisco–Texas no sería accesorio, sino estratégico para el nearshoring en marcha.
Jalisco cerró 2024 con 30,424.9 millones de dólares exportados (+11.9% anual), equivalentes al 5.5% del total nacional. Su canasta exportadora combina manufactura avanzada y agroalimentos: en el 4T-2024, 57.6% correspondió a electrónicos, 13% a equipo de transporte y 8.7% a bebidas y tabaco; la agricultura aportó 4.4%. Ese perfil calza con la demanda texana de insumos electrónicos, autopartes y alimentos procesados, y con las rutas que ya cruzan por Laredo y otros cruces texanos.
El agro agrega una ventaja simbólica y de mercado: el tequila —anclado en Jalisco— produjo 495.8 millones de litros en 2024 y exportó 400.3 millones, con Estados Unidos como principal destino. El valor exportado superó los 4,280 millones de dólares, confirmándolo entre los agroalimentos estrella del país. Si se formaliza un capítulo agropecuario en un Acuerdo Jalisco–Texas, podría priorizar protocolos fitosanitarios armonizados, trazabilidad y cadena de frío dedicada para berries y bebidas espirituosas, mitigando retrasos y mermas en temporada alta.
La coyuntura de 2025 eleva tanto el potencial como los riesgos. Por el lado positivo, se amplía la infraestructura logística: además de la expansión programada del World Trade Bridge en Laredo, se reactivó Puerto del Norte en Matamoros, lo que abre una válvula marítima adicional para el noreste y refuerza los corredores hacia Texas. Por el lado de riesgo, la discusión arancelaria en Estados Unidos volvió al centro del debate, con advertencias sobre impactos en cadenas texanas si se amplían gravámenes. Un acuerdo estatal–subnacional puede amortiguar esa volatilidad con certidumbre regulatoria y ventanillas únicas que aceleren el despacho transfronterizo.
¿Qué debería contener un Acuerdo Jalisco–Texas para productos agrícolas, manufacturados y tecnológicos? Primero, un marco de facilitación aduanera con programas piloto de pre-clearance y carriles dedicados para perecederos y mercancía de alto valor, apoyados en inspección no intrusiva y gestión de riesgos interoperable; Texas procesa la mayor parte del flujo y cada minuto ahorrado en Laredo paga dividendos binacionales. Segundo, un capítulo digital que reconozca firmas, facturación y documentación electrónicas, y habilite interoperabilidad de datos para PYMES exportadoras, alineado con las disposiciones de comercio digital del T-MEC. Tercero, una agenda de reglas de origen y cumplimiento para automotriz y electrónica que reduzca controversias y devoluciones en frontera. Cuarto, una mesa de talento que homologue certificaciones técnicas y facilite movilidad temporal de personal especializado entre Guadalajara y hubs texanos (Austin, San Antonio, Dallas), donde la demanda tecnológica crece.
El respaldo de datos sugiere que el acuerdo tendría demanda real. La absorción industrial por nearshoring en México acumuló 1.7 millones de m² al 3T-2024, 14% más interanual, con automotriz al frente; esa presión ya se refleja en órdenes hacia proveedores jaliscienses y en mayor cruce por Texas. Formalizar compras públicas transfronterizas, sandbox regulatorios para dispositivos médicos y hardware, y compras verdes en ciudades y condados texanos podría convertir esas corrientes en contratos de largo plazo.
También hay que blindar el cumplimiento. El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC ha sido activado en múltiples ocasiones; un anexo laboral en el acuerdo Jalisco–Texas que dé capacitación y auditorías preventivas a PYMES reduciría riesgos de sanciones en sectores sensibles. La coordinación con universidades —UdeG, Tec de Monterrey y centros texanos— puede proveer asistencia técnica, trazabilidad ESG y laboratorios de prueba para exportadores primerizos.
De cara a 2025, los alcaldes y gobiernos estatales tendrán tres retos críticos. El primero es la incertidumbre comercial: el ruido arancelario puede enfriar inversiones si no se ofrece una ruta local de certidumbre y eficiencia; aquí, un acuerdo Jalisco–Texas funciona como “seguro” institucional. El segundo es infraestructura y seguridad logística: agilizar accesos, ampliar patios de inspección y coordinar inteligencia contra robos de carga es tan importante como inaugurar nuevas rutas; el liderazgo de Laredo y los proyectos en marcha lo prueban. El tercero es energía, agua y cumplimiento: sin electricidad confiable, fuentes hídricas resilientes y estándares laborales verificables, el nearshoring se diluye. La tarea no es solo mover más carga, sino moverla mejor, con reglas claras y cadenas que resistan ciclos políticos. Si Jalisco y Texas firman un acuerdo con estos pilares, el eje del silicio y el agave no solo crecerá: blindará el futuro norteamericano de la manufactura y el agro de alto valor.
Escrito por: Editorial
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