Fronteras bajo fuego. La urgencia de una política binacional contra el crimen transfronterizo
- Editorial
- 6 ago
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En un contexto donde la interdependencia entre México y Estados Unidos trasciende lo económico y lo político, el crimen transfronterizo se ha convertido en una amenaza compartida que erosiona la seguridad pública, distorsiona los mercados y vulnera derechos humanos en ambos lados de la frontera. En 2024, los indicadores reflejaron un leve avance en materia de prevención, pero aún insuficiente frente a la sofisticación y mutación constante de redes criminales vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas y mercancías.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), durante 2024 se decomisaron más de 230 mil kilogramos de drogas ilegales en la frontera suroeste, lo que representó un aumento del 8.5% respecto al año anterior. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó que los aseguramientos de armas provenientes del norte crecieron un 6.3%, mientras que los casos de trata de personas reportados aumentaron en un preocupante 11%. Estos datos evidencian no solo la persistencia del fenómeno, sino también el dinamismo con el que operan las redes delictivas en territorios binacionales.
En este escenario, la creación de políticas públicas preventivas ha cobrado mayor protagonismo en la agenda bilateral. Durante 2024, se fortalecieron algunos mecanismos como el Entendimiento Bicentenario —que sustituyó a la Iniciativa Mérida— incorporando un enfoque más integral de seguridad, salud pública y desarrollo económico. En paralelo, diversos gobiernos locales, especialmente en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Texas y Arizona, comenzaron a implementar estrategias de vigilancia tecnológica con drones, inteligencia artificial para el análisis de patrones de tráfico y sistemas interconectados de alertamiento temprano en cruces fronterizos.
Un ejemplo notable es la colaboración entre la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para el desarrollo de algoritmos predictivos sobre rutas de contrabando y trata de personas, los cuales comenzaron a probarse en 2024 con una tasa de efectividad del 62% en la detección de movimientos irregulares. Este tipo de innovación demuestra que las soluciones sostenibles deben integrar inteligencia tecnológica, cooperación institucional y participación ciudadana.
Sin embargo, los avances también enfrentan barreras estructurales. La fragmentación institucional, la corrupción en algunos niveles de gobierno y la falta de protocolos estandarizados entre agencias mexicanas y estadounidenses siguen debilitando la capacidad de respuesta conjunta. Además, el enfoque represivo aún prevalece en muchas regiones, dejando rezagadas las políticas de prevención social del delito, desarrollo comunitario y atención a las víctimas.
En términos económicos, el crimen transfronterizo no solo afecta la seguridad, sino que también genera distorsiones que inhiben la inversión en municipios clave. De acuerdo con el Wilson Center, en 2024 al menos el 19% de los empresarios en municipios fronterizos mexicanos consideraron el crimen organizado como el principal obstáculo para invertir, mientras que en EE.UU. el 14% de los exportadores reportaron pérdidas atribuibles al contrabando y retrasos por inspecciones intensificadas.
De cara al 2025, uno de los grandes retos será consolidar un enfoque de “seguridad inteligente” que combine vigilancia tecnológica, coordinación binacional y políticas locales de prevención con enfoque social. Para ello, es urgente aumentar la inversión en capacidades técnicas y humanas de policías municipales, así como institucionalizar mesas binacionales de coordinación con participación de actores públicos, académicos y del sector privado.
Asimismo, será clave impulsar programas piloto de desarrollo económico local en municipios con alta incidencia delictiva. Ejemplos como el “Corredor Seguro” impulsado en 2024 entre El Paso y Ciudad Juárez pueden escalarse a otras regiones, siempre que estén acompañados de estrategias claras de monitoreo, transparencia y rendición de cuentas.
En términos tecnológicos, el desafío es doble: expandir la cobertura de sistemas de vigilancia y fortalecer la ciberseguridad en plataformas de intercambio de información interinstitucional. La protección de datos, la interoperabilidad de bases entre agencias y la capacitación de personal serán condiciones clave para avanzar hacia una frontera más segura y humana.
Finalmente, no puede haber una política de prevención del crimen transfronterizo sin una estrategia compartida de comunicación y pedagogía social. La creación de campañas binacionales de sensibilización sobre los riesgos del tráfico de personas, el consumo de fentanilo o el uso ilegal de armas puede incidir en la conciencia ciudadana, especialmente en jóvenes y poblaciones en riesgo.
El 2025 se presenta como una oportunidad decisiva. Si se articula una política binacional con visión estratégica, compromiso local y soporte tecnológico, es posible transformar la frontera de una línea de tensión en un eje de cooperación. De lo contrario, la inercia criminal seguirá cobrando víctimas invisibles en ambos lados del muro.
Escrito por: Editorial
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