¡Empresas al timón de la política! La RSE que ya reescribe la agenda México–EE.UU.

En 2025, la frontera más decisiva entre México y Estados Unidos no es geográfica: es la que separa a los gobiernos que integran la responsabilidad social empresarial (RSE) en sus políticas públicas de los que siguen viéndola como filantropía periférica. La evidencia es contundente: la co-creación regulatoria con el sector privado —con metas sociales verificables— acelera inversión, mejora productividad y reduce riesgos políticos. En Estados Unidos, la dinámica del mercado empuja incluso cuando la regulación titubea: en 2024, 98.6% de las empresas del S&P 500 publicó reportes de sostenibilidad (casi universal), lo que habilita mejores datos para diseño de políticas públicas y compras gubernamentales responsables.

El impulso financiero acompaña. La inversión real en energía y transporte limpios en EE.UU. alcanzó 272 mil millones de dólares en 2024, 16% más que en 2023, con un último trimestre de 70 mil millones pese a la desaceleración macro. Estos flujos —inducidos por incentivos federales y estatales— son el “ancla” que conecta objetivos de RSE con empleo local, cadenas de suministro y reducción de emisiones medibles, dando a los gobiernos insumos para políticas sectoriales basadas en resultados.

México también muestra señales claras de madurez financiera sostenible. Para el 3T de 2024, 32% de la deuda de largo plazo emitida en la Bolsa Mexicana de Valores fue ESG y se habían colocado 115 bonos etiquetados por 378 mil millones de pesos. Esto no solo baja el costo de capital para proyectos con impacto ambiental y social; también crea estándares de reporte que gobiernos estatales y municipales pueden exigir a proveedores y concesionarios.

En el frente social, el Distintivo ESR® evolucionó de sello reputacional a proxy operativo para política pública. En 2024, Cemefi entregó el reconocimiento a 1,035 empresas grandes y, en el circuito MiPyMEs, 1,280 entidades obtuvieron el distintivo, ampliando el universo de proveedores con prácticas de igualdad, anticorrupción y vinculación comunitaria que los gobiernos pueden preferenciar en licitaciones.

El diseño institucional acompasa la tendencia. La Taxonomía Sostenible de México —pionera en integrar objetivos sociales, con igualdad de género como prioridad— ofrece una gramática binacional para clasificar actividades por contribución ambiental y social. En 2025, además, el mercado mexicano avanza hacia incorporar indicadores estandarizados en información financiera (NIS A-1/B-1), lo que facilita la trazabilidad que piden tesorerías y contralorías públicas. Si se alinea con compras y permisos, la taxonomía puede convertirse en la bisagra que una incentivos empresariales con metas de inclusión local.

¿Dónde está el “código fuente” de la colaboración público-privada? Primero, en compras públicas con criterios ESG verificables —uso de bonos etiquetados, metas de diversidad, certificación de igualdad laboral— para premiar resultados y no discursos. Segundo, en incentivos fiscales condicionados a métricas sociales: aprendizaje dual, proveedores locales liderados por mujeres y metas de transición energética en parques industriales. Tercero, en datos interoperables: que los dashboards de gobiernos y empresas conversen para que una meta de reducción de fugas de agua, por ejemplo, valga tanto para el municipio como para su concesionario.

Pero el vaso no está lleno. En México, la adopción de normas globales de divulgación (ISSB S1 y S2) sigue verde: en 2024, 50% de las empresas declaró no estar preparada para cumplirlas, sobre todo por falta de KPI y monitoreo confiable. La solución es técnica y política: capacitación, sandboxes regulatorios y ventanillas de financiamiento que premien a quienes reporten mejor.

En Estados Unidos, la incertidumbre regulatoria tras la defensa retirada de la regla climática de la SEC mantiene un “ruido” jurídico que no conviene a nadie. Aun así, la presión de inversionistas y normas estatales empuja a que las grandes compañías sigan divulgando riesgos climáticos, lo que preserva el insumo de datos para políticas federales y locales orientadas a resultados. La lección para ambos países es clara: blindar la colaboración con estándares voluntarios robustos y mecanismos subnacionales, sin esperar a que la litigiosidad federal dicte el ritmo.

Rumbo a 2025, los principales retos para desatar el potencial de esta alianza RSE–Gobierno son cuatro. Uno, certidumbre y convergencia regulatoria: alinear ISSB, taxonomía mexicana y criterios estatales de EE.UU. para evitar “doble contabilidad” y costos de cumplimiento que ahogan a MiPyMEs. Dos, calidad de datos: pasar del PDF a APIs verificables; premiar evidencia auditada (medición de emisiones, brecha salarial, diversidad en consejos) con puntos en licitaciones y permisos. Tres, inclusión territorial: que la RSE no se limite al headquarter; vincular a proveedores municipales y comunidades fronterizas mediante compras públicas con metas de contenido local y empleo juvenil. Cuatro, gobernanza tecnológica: IA y digitalización deben ser palancas de transparencia —no de greenwashing— con auditorías algorítmicas y ciberseguridad en infraestructuras críticas. Si México y Estados Unidos convierten la RSE en “regla de operación” de su política económica local, la frontera dejará de ser un borde: será el mayor laboratorio de innovación cívica del continente.

Escrito por: Editorial

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