Fronteras bajo asedio, alianzas en acción: cómo México y EE. UU. están redibujando la seguridad binacional en 2025
- Editorial
- 1 may
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En la franja que divide —y al mismo tiempo une— a México y Estados Unidos, la seguridad pública ha dejado de ser un asunto estrictamente nacional para convertirse en una prioridad compartida. La frontera, ese corredor de casi 3,200 kilómetros que atraviesa desiertos, ciudades industriales y comunidades binacionales, ha sido históricamente terreno fértil para el crimen organizado, el tráfico de personas, drogas, armas y dinero. Sin embargo, en 2024 se consolidó una tendencia que apunta a un nuevo paradigma de cooperación: las iniciativas binacionales de seguridad urbana ya no son eventos aislados, sino estructuras permanentes que buscan anticiparse a las amenazas transfronterizas con inteligencia compartida, tecnología avanzada y liderazgo local coordinado.
Durante el año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC) reportaron un incremento del 37% en operativos conjuntos realizados en las ciudades fronterizas, particularmente en los ejes Tijuana–San Diego, Ciudad Juárez–El Paso y Reynosa–McAllen. Estos operativos se apoyaron en centros binacionales de análisis de inteligencia que cruzan datos en tiempo real sobre flujos migratorios, vehículos robados, perfiles de bandas delictivas y patrones de violencia. Además, la Red de Ciudades Seguras del Border Security Initiative, que reúne a más de 20 municipios fronterizos de ambos países, logró estandarizar protocolos de respuesta ante situaciones de riesgo transfronterizo, lo que redujo en un 22% el tiempo de reacción ante eventos críticos comparado con 2023.
El avance también ha sido tecnológico. En colaboración con universidades como el Tecnológico de Monterrey y la Arizona State University, se desplegaron sistemas piloto de videovigilancia con reconocimiento de placas, drones de patrullaje autónomo y plataformas de inteligencia artificial para predecir puntos críticos de actividad delictiva. Estos modelos, que aún se encuentran en fase experimental en ciudades como Nogales, Mexicali y Laredo, muestran un potencial de replicabilidad a gran escala y podrían reducir la incidencia delictiva hasta en un 18% si se integran con los sistemas judiciales locales y se garantizan recursos sostenidos.
Otro aspecto relevante fue el impulso a la capacitación policial binacional. En 2024, más de 4,800 elementos de seguridad de México participaron en talleres conjuntos con agencias estadounidenses como el CBP y el FBI, enfocándose en el manejo de evidencia digital, derechos humanos y contención no letal. Por su parte, agentes estadounidenses fueron capacitados por sus contrapartes mexicanas en temas de inteligencia social y códigos comunitarios, lo que fortaleció la comprensión cultural y el trabajo conjunto en comunidades divididas por el muro pero unidas por la cotidianeidad.
Sin embargo, a pesar de estos avances, los retos para 2025 siguen siendo formidables. Uno de los principales es la falta de homologación jurídica entre ambos países. Mientras que en Estados Unidos los delitos como el tráfico de armas pueden acarrear condenas severas, en México persisten vacíos legales y limitaciones en la tipificación de delitos binacionales. Esta disparidad dificulta el seguimiento judicial de redes delictivas que operan a ambos lados de la frontera. Asimismo, la politización del tema migratorio —acentuada en un año electoral en Estados Unidos— amenaza con contaminar los acuerdos técnicos que han permitido avances concretos.
Otro desafío es el financiamiento. Aunque se anunciaron fondos conjuntos a través del Programa de Desarrollo de la Frontera 2025 y el BID Lab, la burocracia y la falta de continuidad administrativa en algunos municipios han ralentizado su implementación. Además, muchas ciudades pequeñas, especialmente del lado mexicano, carecen de infraestructura tecnológica básica para sumarse a las redes de seguridad avanzada, lo que genera una brecha que podría ser explotada por organizaciones criminales.
En este contexto, el 2025 se perfila como un año decisivo. Si se logra blindar la cooperación de intereses partidistas, aumentar la inversión pública y privada en tecnologías de seguridad y fortalecer las capacidades jurídicas locales, las ciudades fronterizas podrían convertirse en un modelo global de resiliencia urbana. Pero si se cae en discursos simplistas o en políticas migratorias de corte unilateral, el crimen transfronterizo podría mutar más rápido que las instituciones.
La frontera no es una línea, es una zona viva. Y su seguridad no puede depender solo de muros o cámaras, sino de una arquitectura binacional que entienda las dinámicas locales, respete los derechos humanos y apueste por la prevención inteligente. Porque en 2025, asegurar la frontera ya no es solo custodiar un límite: es construir confianza y gobernabilidad en una región compartida.
Escrito por: Editorial
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