Ciudades que respiran, la revolución verde que redefine el futuro urbano en México y Estados Unidos
- Editorial
- 2 may
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En un contexto global marcado por crisis climáticas, expansión urbana descontrolada y crecientes desigualdades socioambientales, México y Estados Unidos están comenzando a reconocer que el desarrollo urbano no puede continuar a costa del medio ambiente. Las infraestructuras verdes —parques urbanos, jardines verticales, techos verdes y sistemas de drenaje sostenible— ya no son accesorios paisajísticos, sino pilares de una estrategia integral para mejorar la salud pública, reducir la vulnerabilidad climática y revitalizar economías locales.
Durante el año 2024, ambos países consolidaron avances importantes. En México, 39 ciudades implementaron al menos un proyecto de infraestructura verde con presupuesto federal o internacional, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Monterrey, por ejemplo, inauguró el Parque Ecológico Santa Catarina, que abarca más de 80 hectáreas con especies nativas y sistemas de captación pluvial, generando un descenso del 17% en las temperaturas superficiales del área. En tanto, Guadalajara amplió su red de jardines verticales en avenidas con alta congestión, logrando una reducción del 22% en partículas PM10 en zonas intervenidas.
En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) reportó que 71 ciudades incorporaron soluciones basadas en la naturaleza como parte de sus planes de infraestructura urbana. Nueva York y Los Ángeles destacan con inversiones superiores a los 300 millones de dólares en corredores verdes y techos vegetales, mientras que ciudades como Tucson y San Antonio están utilizando sistemas de bioretención y jardines de lluvia para mejorar la infiltración del agua y reducir la escorrentía urbana. En total, se estima que más de 3,000 hectáreas de nuevas infraestructuras verdes fueron desarrolladas a nivel nacional en 2024, lo que representa un incremento del 26% respecto a 2023.
Más allá de los beneficios ambientales, estos proyectos están generando impactos económicos tangibles. En México, la consultora Ethos Laboratorio de Políticas Públicas estimó que cada peso invertido en infraestructura verde genera un retorno social de 1.75 pesos en reducción de enfermedades respiratorias, incremento de movilidad activa y valorización del suelo urbano. En Estados Unidos, un estudio conjunto entre la Universidad de Michigan y el US Green Building Council reveló que las zonas con infraestructura verde experimentaron un aumento del 9% en la plusvalía inmobiliaria promedio y una reducción del 12% en costos asociados a inundaciones urbanas.
Sin embargo, el potencial transformador de estas políticas enfrenta desafíos importantes de cara al 2025. En primer lugar, la falta de marcos normativos estandarizados entre los niveles de gobierno sigue limitando su expansión sistemática. En México, solo 14 estados cuentan con legislación que obliga a incorporar infraestructura verde en nuevos desarrollos urbanos. En Estados Unidos, aunque existe una mayor institucionalización, el financiamiento depende en gran medida de subvenciones federales temporales o asociaciones público-privadas, lo que genera una fragmentación en su implementación.
Otro reto estructural es la necesidad de profesionalización técnica. A pesar de los avances, muchos municipios carecen de personal capacitado en diseño e ingeniería ambiental. Esto ha llevado a proyectos mal ejecutados o de baja permanencia. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Arizona State University están liderando iniciativas de formación binacional para arquitectos paisajistas y urbanistas con enfoque ecológico, pero la cobertura sigue siendo limitada frente a la demanda.
Finalmente, el reto político de integrar la justicia ambiental como eje transversal no puede subestimarse. Las comunidades más marginadas, tanto en colonias periféricas mexicanas como en barrios afroamericanos y latinos en EE.UU., siguen teniendo el menor acceso a espacios verdes y a tecnologías de saneamiento ecológico. Una infraestructura verde sin equidad se convierte en un lujo estético para las élites, y no en un derecho urbano compartido.
El 2025 ofrece una oportunidad crítica para consolidar un nuevo paradigma de desarrollo urbano binacional. Será necesario fortalecer los marcos legales, institucionalizar el financiamiento, profesionalizar la fuerza laboral técnica y, sobre todo, garantizar que cada árbol plantado, cada jardín vertical y cada metro de drenaje sostenible, llegue primero a donde más se necesita. Solo así las ciudades de México y Estados Unidos podrán transitar hacia un modelo que no solo construya, sino que regenere.
Escrito por: Editorial
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