Revolución verde sobre ruedas. El transporte público del futuro ya cruza la frontera
- Editorial
- 7 ago
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En el umbral del 2025, la movilidad urbana en la frontera México–Estados Unidos vive un punto de inflexión. El cambio climático, las tensiones energéticas globales y la presión demográfica en las ciudades fronterizas han transformado el transporte público en un asunto de seguridad climática, desarrollo económico y cohesión social. De Tijuana a El Paso y de Mexicali a Brownsville, las autoridades locales y estatales comienzan a apostar por soluciones de movilidad sostenible, como autobuses eléctricos, ciclovías intermunicipales y sistemas de bicicletas compartidas que no solo alivian el tránsito urbano, sino que también reducen emisiones, impulsan economías locales y estrechan la cooperación binacional.
Durante 2024, los avances en movilidad sustentable en esta región han sido notables. El gobierno de California, en coordinación con ciudades como San Diego y Chula Vista, destinó más de 320 millones de dólares para ampliar su flota de autobuses eléctricos y expandir estaciones de carga rápida, alcanzando un incremento del 28 % en el número de unidades cero emisiones en circulación. En paralelo, Tijuana y Mexicali, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), iniciaron pruebas piloto de autobuses eléctricos y mejoraron la infraestructura de paraderos con tecnología solar, logrando reducir en 19 % los tiempos de traslado y en 14 % la huella de carbono del transporte público durante el segundo semestre del año.
Mientras tanto, el modelo de movilidad activa gana terreno. El sistema de bicicletas compartidas Pedalea Juárez, implementado en Ciudad Juárez con apoyo del gobierno estatal y el programa internacional ICLEI, cerró 2024 con más de 70,000 usuarios activos, un aumento del 43 % respecto a 2023. En El Paso, su contraparte SunCycle duplicó sus estaciones, integrando sistemas de paneles solares y QR para uso transfronterizo, marcando un precedente de integración tecnológica binacional. Además, la colaboración entre universidades como la UTEP (University of Texas at El Paso) y el ITCJ (Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez) ha generado estudios conjuntos sobre patrones de movilidad, con propuestas para rutas eléctricas que conecten zonas industriales a ambos lados de la frontera.
A nivel federal, los programas del Bipartisan Infrastructure Law en Estados Unidos y la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial en México han acelerado el financiamiento para proyectos sostenibles. En 2024, el 36 % de los recursos destinados a movilidad urbana en ambos países se canalizaron hacia tecnologías limpias, infraestructura ciclista y peatonal, según cifras del Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Aunque el crecimiento es aún desigual, ciudades como Nogales, Laredo y Reynosa han comenzado diagnósticos técnicos y consultas ciudadanas para replantear sus modelos de transporte.
El impulso económico también es visible: la transición hacia flotas eléctricas está generando una cadena de valor en torno a la electromovilidad. Fabricantes de baterías y vehículos ligeros como BYD, VEMO y Proterra han expresado interés en establecer hubs de producción y ensamblaje en municipios cercanos a la frontera. Este fenómeno no solo genera empleos, sino que fortalece el ecosistema tecnológico de ciudades como Monterrey, Hermosillo, Tucson y McAllen.
Sin embargo, el potencial de esta transformación aún enfrenta importantes retos de cara al 2025. En primer lugar, la falta de armonización normativa entre municipios fronterizos limita la interoperabilidad de sistemas de transporte y tecnologías de cobro. En muchos casos, no existe una base legal clara para la circulación de vehículos eléctricos entre países, lo que dificulta modelos binacionales de rutas limpias. En segundo lugar, la infraestructura de carga eléctrica sigue siendo insuficiente en el lado mexicano, especialmente fuera de las capitales estatales, lo que limita el escalamiento de proyectos.
Adicionalmente, los subsidios al diésel y a los sistemas de transporte concesionado tradicionales, aún vigentes en muchas ciudades mexicanas, crean desincentivos económicos para la modernización del parque vehicular. A nivel social, persiste una brecha digital y de acceso que margina a comunidades de bajos recursos del uso de tecnologías de movilidad compartida, las cuales requieren smartphones y cuentas bancarias para operar.
En conclusión, la movilidad sostenible en la frontera México–Estados Unidos ha dejado de ser una aspiración futurista para convertirse en una realidad en desarrollo. Los avances de 2024 demuestran que la colaboración entre gobiernos locales, iniciativa privada y academia puede acelerar una transformación verde que impacta de forma directa la calidad de vida urbana. No obstante, para consolidar estos esfuerzos en 2025 será crucial diseñar mecanismos binacionales de financiamiento, homologación normativa e inclusión social que permitan que esta revolución verde no sea exclusiva de los centros urbanos más avanzados, sino una política de justicia ambiental en ambos lados de la frontera.
Escrito por: Editorial
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