Educación al rojo vivo. ¿Rescate o retroceso en las aulas más olvidadas?

La brecha educativa en comunidades marginadas de México y Estados Unidos se volvió, en 2025, un termómetro implacable de la salud democrática y del futuro económico regional. No se trata solo de aulas: hablamos de movilidad social, productividad y cohesión binacional. Las dos orillas del río Bravo se enfrentan a un doble filo: avances tangibles en 2024 y decisiones políticas que, este año, pueden acelerar —o frenar— ese impulso.

En México, 2024 cerró con señales mixtas pero relevantes. Por un lado, el gasto en becas creció 14.8% respecto a 2023 y alcanzó 9.3% del presupuesto educativo; en la práctica, dos de cada diez estudiantes de escuelas públicas recibieron algún apoyo, con 5.29 millones de niñas y niños beneficiarios solo en educación básica. Estos datos importan porque el ingreso familiar sigue siendo el principal determinante de abandono temprano en zonas rurales e indígenas. Las cifras, además, se acompañaron de un empuje en condiciones físicas: frente a las metas 2024, el porcentaje de escuelas con lavamanos subió 12.6 puntos; los planteles con sanitarios, 3.5 puntos; y, en media superior, los que cuentan con electricidad, 2.7 puntos. En contextos de alta marginación, contar con agua, sanitarios y energía eléctrica no es un lujo: es el prerrequisito para enseñar y aprender con dignidad.

En Estados Unidos, 2024 fue el año de los “ecosistemas escolares” que rodean al estudiante más allá del salón. El programa federal de Full-Service Community Schools otorgó subvenciones significativas, entre ellas proyectos de “escala estatal” como Florida (Universidad de Florida Central, casi 50 millones de dólares) y Kentucky (47.25 millones), además de apoyos dirigidos a distritos urbanos y rurales que integran servicios académicos, de salud y de familia en el campus. A la par, el Emergency Connectivity Fund completó un ciclo de apoyo que ayudó a más de 11,500 escuelas y 1,070 bibliotecas, con casi 13 millones de dispositivos conectados para estudiantes y docentes, un salvavidas digital en territorios con rezago de acceso.

Pero el talón de Aquiles tecnológico llegó con fuerza: el Affordable Connectivity Program terminó el 1 de junio de 2024 por falta de recursos federales. Para cientos de miles de hogares de bajos ingresos —y sus estudiantes— eso significó perder un descuento clave en la factura de internet, justo cuando la tarea, la tutoría y los trámites escolares migraron a plataformas digitales. Universidades y centros de investigación en EE. UU. han advertido que la brecha de acceso amenaza con reabrirse si no se sustituyen esos apoyos con mecanismos estables y reglas claras para ampliar banda ancha en zonas rurales.

En 2025, ambos países rediseñan su tablero. México estrenó la Beca Universal “Rita Cetina” para secundaria —1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra— y extendió “La Escuela es Nuestra” a media superior, con componentes de horario extendido, alimentación y rehabilitación a decisión de las comunidades escolares. La clave será traducir esa arquitectura programática en permanencia efectiva y aprendizaje medible en localidades rurales, indígenas y periferias urbanas.

Del lado estadounidense, el reto es sostener y escalar lo que funciona sin el colchón de los fondos extraordinarios de pandemia: la evidencia de 2024 mostró recuperación lenta en lectura y mejoría apenas moderada en matemáticas; 2025 exige convertir el aprendizaje de emergencia en política permanente, con tutoría intensiva y tiempo extendido de calidad, priorizando escuelas de alta pobreza. Hay estados que ya movieron ficha: Ohio anunció casi 105 millones de dólares para expandir “community schools”; otros distritos abrieron centros de salud escolar con financiamiento federal y alianzas locales, reforzando salud mental y permanencia. No todo es lineal: las tensiones políticas sobre diversidad e inclusión han introducido incertidumbre sobre ciertos flujos de recursos, prueba de que la educación en contextos vulnerables sigue expuesta al vaivén partidista.

Mi opinión para 2025 es clara. Primero, conectividad es alfabetización: sin un sustituto del ACP en EE. UU. y sin financiamiento estable para conectividad escolar y comunitaria en México, los logros de 2024 quedarán a medias. Segundo, “más horas” solo sirven si se llenan con prácticas de alto impacto: tutoría de dosis alta, currículos pertinentes al territorio y evaluaci

ón formativa con metas públicas por municipio y distrito. La evidencia acumulada respalda estas intervenciones y su valor-beneficio cuando se focalizan en los más rezagados. Tercero, debemos blindar a las escuelas de la volatilidad ideológica: infraestructura básica, salud escolar y conectividad son bienes públicos, no botines de coyuntura. La cooperación binacional —gobiernos locales, universidades y empresas— puede catalizar pilotos replicables: tele-tutoría transfronteriza, becas condicionadas a asistencia y logros, centros de datos abiertos con indicadores de abandono, asistencia y aprendizaje en tiempo casi real.

Si 2024 nos enseñó que invertir sí mueve la aguja, 2025 nos obliga a responder la pregunta incómoda: ¿tendremos la disciplina política y presupuestaria para sostener lo que funciona, y la audacia tecnológica para cerrar la brecha donde más duele? En las colonias periféricas, en los pueblos originarios, en los barrios latinos a ambos lados de la frontera, el reloj ya corre.

Escrito por: Editorial

#EducaciónSinExcusas #ConectividadParaAprender #BecasQueTransforman #EscuelaComunitaria #BinacionalPorLaNiñez