Bienestar o frontera. El nuevo muro invisible entre México y Estados Unidos
- Editorial
- 13 jun
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Por décadas, el análisis de la frontera entre México y Estados Unidos se ha centrado en comercio, migración e infraestructura. Sin embargo, desde 2023 y con mayor claridad en 2024, ha emergido un nuevo eje de transformación silenciosa pero determinante: las políticas de bienestar social. En ciudades binacionales como Tijuana-San Diego, Ciudad Juárez-El Paso o Nogales-Nogales, el acceso a servicios sociales, salud, educación y transferencias directas de ingreso empieza a moldear con fuerza no sólo la calidad de vida, sino también los patrones migratorios, el empleo informal y las relaciones comunitarias transfronterizas.
Durante 2024, tanto México como Estados Unidos adoptaron reformas clave en materia de bienestar social. En el caso mexicano, la consolidación del programa Bienestar para Todos logró un incremento del 15% en las transferencias directas a adultos mayores, mientras que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro creció un 12% en participación, concentrándose en los estados del norte. En paralelo, el IMSS-Bienestar extendió su cobertura en Baja California y Sonora, beneficiando a más de 380 mil personas en zonas urbanas periféricas. Por otro lado, Estados Unidos, impulsado por una agenda federal que reconoce las desigualdades estructurales en la frontera, aprobó la expansión del Medicaid en Arizona, Nuevo México y California para cubrir a más migrantes con estatus mixto, beneficiando a 1.2 millones de personas. Además, aumentó en 9% el presupuesto de los Community Health Centers en condados fronterizos, donde ya operan 287 unidades.
Estas acciones han tenido impactos contrastantes pero complementarios. En el lado mexicano, las transferencias condicionadas y la expansión del sistema de salud han reducido la dependencia de servicios estadounidenses entre comunidades migrantes y repatriadas. De acuerdo con datos del CONEVAL y El Colegio de la Frontera Norte, la pobreza laboral en municipios fronterizos cayó de 32.8% en 2023 a 28.9% en 2024. Asimismo, la percepción de bienestar subjetivo —medido por la encuesta ENVIPE— mejoró 11% en Baja California y 9% en Chihuahua.
Del lado estadounidense, la mejora en el acceso a servicios médicos para comunidades latinas y migrantes ha disminuido la carga en hospitales de emergencia, donde anteriormente hasta el 22% de los pacientes no contaban con seguro médico. En 2024, esa cifra bajó a 17.3% según el U.S. Border Health Commission. También ha mejorado la tasa de escolarización en distritos escolares fronterizos, con un crecimiento de 3.5% en la retención de estudiantes hijos de migrantes, impulsado por programas bilingües y de apoyo emocional financiados con fondos federales.
A pesar de estos avances, el modelo de bienestar binacional enfrenta obstáculos estructurales. En primer lugar, la disparidad fiscal entre ambos países sigue siendo un muro invisible. Mientras que Estados Unidos destina en promedio 16,000 dólares anuales por habitante a gasto social, México apenas alcanza los 2,500 dólares. Esta brecha crea desequilibrios que empujan a muchos mexicanos a buscar servicios en el otro lado de la frontera, generando presión en sistemas locales estadounidenses y al mismo tiempo alimentando una narrativa política xenófoba.
Además, la digitalización de los servicios sociales —una tendencia creciente en ambos países— está generando nuevos desafíos de exclusión. En 2024, el 31% de los hogares en zonas rurales de la frontera mexicana no tenía acceso a internet estable, lo que dificulta la inscripción en programas sociales. Por su parte, en el sur de Texas y Arizona, comunidades hispanas con bajo dominio del inglés enfrentan barreras tecnológicas para acceder a plataformas digitales de bienestar, pese a que en 2024 el 87% de los trámites federales migraron a sistemas en línea.
Finalmente, persiste una falta de coordinación institucional entre ambos gobiernos para abordar los fenómenos binacionales desde una óptica regional. A pesar de los múltiples foros y mesas de trabajo en 2024, como la U.S.-Mexico Border Mayors Association o el Foro Binacional de Desarrollo Social promovido por la SEDESOL, no se ha logrado establecer un protocolo conjunto de atención a poblaciones móviles o con estatus migratorio mixto. Esta ausencia de sinergia genera duplicidad de esfuerzos, subutilización de fondos y, sobre todo, una respuesta fragmentada a desafíos comunes.
Para 2025, el gran reto será avanzar hacia una estrategia regional de bienestar que rompa con la visión unilateral de frontera. Se necesita un enfoque binacional que reconozca la interdependencia social de las comunidades fronterizas y que aproveche las fortalezas de ambos modelos de protección. Esto implica, por ejemplo, homologar sistemas de datos para monitorear pobreza y salud, establecer mecanismos de portabilidad de servicios básicos para migrantes legales, y crear incentivos fiscales para fortalecer a las OSCs que operan en ambos lados de la línea.
La frontera ya no sólo es un punto geográfico; es una zona de vida compartida. Ignorar la dimensión social del bienestar en esta región sería cerrar los ojos ante una de las transformaciones más profundas del presente binacional. Las decisiones de política pública en este ámbito no deben construirse con muros ni aduanas, sino con puentes que garanticen la dignidad, la equidad y el desarrollo humano compartido.
Escrito por: Editorial
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