Frontera en deuda. El desafío pendiente de proteger a la mujer migrante
- Editorial
- 7 ago
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En el corredor fronterizo más transitado del mundo, la figura de la mujer migrante emerge como una protagonista invisible, poderosa en resiliencia, pero vulnerada por omisiones estructurales. En pleno 2025, México y Estados Unidos se enfrentan al desafío ético, político y económico de construir políticas públicas binacionales que reconozcan y protejan de manera efectiva a este sector, históricamente marginado de los marcos normativos y las estrategias de atención humanitaria.
Durante el 2024, ambos países mostraron avances puntuales. En México, el Instituto Nacional de Migración (INM), en conjunto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y organismos como ONU Mujeres, implementó programas piloto en Tijuana, Ciudad Juárez y Tapachula, enfocados en la prevención de violencia de género, salud sexual y reproductiva, y asesoría legal para mujeres migrantes en tránsito. Según cifras del propio INM, se brindó atención directa a más de 78,000 mujeres migrantes, un aumento del 35% respecto a 2023. Sin embargo, solo el 21% de ellas tuvo acceso a servicios de albergue seguros con protocolos con perspectiva de género.
Del lado estadounidense, el Department of Homeland Security (DHS) y el Department of Health and Human Services (HHS) fortalecieron la infraestructura de “centros de bienvenida” en Arizona, California y Texas, incluyendo servicios lingüísticos, atención médica básica y espacios de resguardo para mujeres con hijos. A través del programa CBP One, se canalizó el 42% de las solicitudes de asilo de mujeres provenientes de Centroamérica, muchas de ellas víctimas de violencia doméstica o trata de personas. No obstante, el acceso a la visa humanitaria sigue siendo limitado y altamente discrecional; solo el 11% de las mujeres solicitantes obtuvo una respuesta favorable antes de concluir 2024.
Un informe conjunto del Migration Policy Institute y El Colegio de la Frontera Norte reveló que el 58% de las mujeres migrantes que cruzaron por puntos no oficiales durante 2024 lo hicieron huyendo de contextos de violencia estructural o de género. A pesar de ello, el acceso a justicia binacional sigue siendo prácticamente nulo, y la falta de coordinación intergubernamental entre condados fronterizos de EE.UU. y municipios mexicanos impide una atención integral y sostenida.
Desde una perspectiva económica, las mujeres migrantes representan una fuerza laboral cada vez más relevante en sectores como el agrícola, el cuidado de personas y la manufactura transfronteriza. En California y Texas, cerca del 28% de las trabajadoras migrantes en estos sectores son mujeres indocumentadas, según datos del Pew Research Center. Esto plantea una oportunidad crítica para que ambos países incorporen a este grupo en sus estrategias de desarrollo económico y de movilidad laboral regulada.
La tecnología también comienza a jugar un papel clave. En 2024, la startup binacional BorderSafe desarrolló una aplicación móvil para reportar incidentes de violencia, ubicar albergues seguros y facilitar acceso a líneas de ayuda binacionales con geolocalización. Aunque en su fase inicial solo operó en Baja California y el sur de California, el 2025 podría ser un año clave para su expansión hacia otras zonas fronterizas si logra alianzas gubernamentales y recursos multilaterales.
No obstante, los retos para 2025 son enormes. Primero, la necesidad de homologar protocolos de atención y protección con perspectiva de género en ambos lados de la frontera. Segundo, establecer fondos conjuntos entre agencias mexicanas y estadounidenses para la operación permanente de refugios seguros. Tercero, incorporar la atención a mujeres migrantes como parte de las estrategias nacionales de seguridad humana y no solo como asuntos migratorios. Finalmente, garantizar que la tecnología y la digitalización no excluyan a mujeres en contextos de baja conectividad o alfabetización digital.
El reto de proteger a las mujeres migrantes en la frontera no es solo una deuda de justicia social, sino una oportunidad para rediseñar un nuevo modelo de cooperación binacional centrado en los derechos humanos, la equidad de género y la corresponsabilidad institucional. México y Estados Unidos tienen ante sí la oportunidad histórica de convertir un corredor de riesgo en un corredor de esperanza.
Escrito por: Editorial
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